El fisco argentino enfrenta un severo desafío financiero: la recaudación estatal se ha desplomado, con caídas interanuales de entre el 15% y 20%, debido a decisiones políticas y la contracción económica.

El efecto combinado de la eliminación de las retenciones a las exportaciones (que cayeron 40%) y la reducción del Impuesto País (que se achicó 35%) ha provocado que los ingresos del Estado se hundan cerca del 1,5% del PBI. Esta merma de ingresos es apenas 0,3% inferior al superávit fiscal que el Estado había logrado en 2024.

Para mantener el sendero fiscal acordado con el FMI, el Gobierno debe aplicar un recorte en el gasto primario no indexado de al menos 2 puntos del PBI, lo que equivale a la monumental suma de más de $$$10 billones. Esta cifra representa la magnitud del ajuste que se concentrará en el último tramo del año.

Ajuste forzoso en el gasto "flexible"

Dado que una gran parte del gasto público está protegida legalmente —como jubilaciones mínimas, pagos de deuda, asignaciones y prestaciones sociales—, la totalidad del recorte debe recaer sobre el gasto no indexado o "flexible". El director del IARAF, Nadin Argañaraz, explicó que esta concentración es inevitable: "si la recaudación afloja, el ajuste tiene que concentrarse en el gasto no indexado".

Esto implica que el tijeretazo fiscal se focalizará en:

·Salarios públicos.

·Subsidios.

·Obra pública y.

·Transferencias a las provincias.

El ajuste ya está en marcha. Un gobernador del norte reconoció a LPO que los pagos de tramos de obras críticas, como el asfaltado de rutas, se han "frenado", dejando al Tesoro sin la red de contención financiera que tuvo en la primera mitad del año.

Maniobra electoral y la amenaza tarifaria

La nota revela una estrategia utilizada por el Gobierno para "contener" el impacto económico antes de las elecciones. En julio y agosto, mientras el dólar mayorista operaba bajo un régimen de flotación, el Estado inyectó sumas excepcionalmente altas en subsidios a CAMMESA (652 millones de dólares en julio y 491 millones en agosto), muy por encima del promedio semestral. Esta fue una contención consciente para evitar que el aumento del costo de la energía se trasladara a las boletas antes de los comicios.

Un exfuncionario de Energía advirtió a LPO que este dique es insostenible. La devaluación acumulada desde el 11 de abril se acerca al 40%. La suba del tipo de cambio se traslada en un 90% a la factura si no hay subsidios. "Ese salto fue contenido, pero ya no alcanzan los fondos para seguir sosteniéndolo". El experto alertó que el aumento tarifario oculto se sumará a cualquier eventual devaluación post-electoral, generando un "impacto altísimo".

Presupuesto 2026: recorte de fondo y futuras tensiones

El proyecto de Presupuesto que el Gobierno elevó al Congreso para 2026 ratifica esta lógica de austeridad: mientras las partidas sujetas a indexación demuestran variaciones reales positivas, el resto del gasto se prepara para una caída mucho más profunda.

Esta realidad vaticina tensiones con los gobernadores, quienes se han acercado al Gobierno con la expectativa de recibir fondos. Argañaraz explicó que para que el gasto total muestre una suba moderada, las partidas no indexadas deben contraerse con más fuerza para reducir el peso del Estado sobre el PBI.

Finalmente, el director del IARAF destacó que si bien el Presupuesto 2026 no incluye una reducción de impuestos, el Gobierno mantiene abierta esa discusión. "Si se avanza con una baja de alícuotas, como deslizan algunos funcionarios, habrá que reabrir la caja y recortar todavía más sobre las partidas flexibles", concluyó.