La alianza La Libertad Avanza (LLA) ha generado un nuevo foco de tensión en el cronograma electoral, solicitando a la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires la reimpresión urgente de los carteles de exhibición obligatoria. El pedido busca reflejar la reconfiguración de su lista de diputados tras la renuncia de figuras clave, incluyendo al entonces primer candidato, José Luis Espert, a menos de dos semanas de los comicios legislativos del 26 de octubre.
Los apoderados de LLA argumentaron que, a pesar del rechazo previo a reimprimir las boletas únicas de papel (BUP), la actualización de los afiches es "absolutamente necesaria" para evitar confusiones en el electorado y garantizar la transparencia del sufragio. Subrayaron que, dado que la BUP solo muestra los primeros cinco nombres, los afiches son el único instrumento oficial que ofrece la lista completa.
La batalla legal por la paridad de género
La necesidad de actualizar la cartelería surgió a raíz de las renuncias del 6 de octubre, que obligaron a adecuar la lista. La maniobra legal se centró en la aplicación de la Ley de Paridad de Género:
1.Una instancia de primera votación había declarado inconstitucional el mecanismo de reemplazo por alternancia de género (Decreto 171/2019).
2.LLA apeló, y la Cámara Nacional Electoral falló a su favor el 11 de octubre, ordenando la adecuación de la lista mediante el corrimiento y respetando "inexorablemente la previsión de la alternancia".
Esta resolución definitiva sobre la nueva nómina, ahora liderada por Diego Santilli, motivó la exigencia de reimprimir los carteles para que coincidan con la lista validada por el máximo tribunal electoral.
El desafío logístico y financiero
Ante la inminencia de la votación, la Junta Electoral Nacional habilitó días y horas inhábiles para tratar el tema con la máxima celeridad. El tribunal dio un plazo de 24 horas al resto de las fuerzas políticas para que se pronuncien sobre el pedido.
Además, la Junta Nacional trasladó la presión al Poder Ejecutivo, requiriendo al Ministerio del Interior que informe, también en un plazo de 24 horas, si resulta "materialmente posible" ejecutar la reimpresión solicitada. La consulta busca determinar:
·Los costos asociados a la nueva tirada.
·El tiempo exacto que demandaría la impresión.
·La fecha estimada de entrega a los centros de votación.
Con esta acción, la Justicia busca equilibrar la demanda de transparencia de LLA, que cita doctrina de la Corte Suprema sobre la "pureza del sufragio", con la viabilidad operativa de modificar el material electoral a pocos días de la apertura de urnas.
