La empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat) confirmó la desvinculación de 41 trabajadores de su planta en San Antonio, lo que provocó una inmediata reacción del gremio de los químicos (Spiquyp) y la intervención del gobierno provincial. La Secretaría de Trabajo de Río Negro dictó la conciliación obligatoria, una medida que obliga a la compañía a reincorporar a los empleados cesanteados.

El sindicato, a través de su secretario general, Ariel Castillo, denunció la "mala fe" de la empresa. Según Castillo, las notificaciones de despido fueron enviadas a los trabajadores apenas un día después de una audiencia de conciliación en la que se había llegado a un acuerdo, sin que los representantes de Alpat mencionaran las inminentes cesantías. Spiquyp calificó la medida como un "acto antisindical" y presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo.

Contexto de crisis y negociación

Las cesantías se enmarcan en una situación de crisis que Alpat viene atravesando, y que había motivado que la empresa presentara un plan para reducir su personal. El gobierno provincial, por su parte, le había otorgado una asistencia económica de 617 mil dólares mensuales por un período de cinco meses. El intento de la empresa de lograr retiros voluntarios no habría dado los resultados esperados, lo que derivó en la medida de los despidos.

La resolución de la Secretaría de Trabajo, firmada por Martha Avilez, busca restablecer el diálogo. La orden de conciliación implica que la empresa debe reincorporar de manera inmediata a los 41 trabajadores y que el gremio, por su parte, debe cesar con toda medida de fuerza. Ambas partes han sido convocadas a una audiencia para el viernes 19 a las 10 de la mañana.