La investigación sobre la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA ha quedado en un limbo judicial. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se declaró incompetente para llevar adelante el caso, a pesar de que su colega, Ariel Lijo, le había derivado el expediente. La decisión del magistrado pone de manifiesto un conflicto de criterios en el ámbito judicial, ya que, si bien él considera que la causa está conectada con otra que ya tiene en su poder, las últimas resoluciones de la Cámara Federal contradicen esa postura.
La causa que Martínez de Giorgi ya tenía en su juzgado investiga a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, por supuestamente facilitar reuniones con el presidente a cambio de dinero. La denuncia, presentada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, sostiene que esta práctica habría sido el medio para que Hayden Davis, uno de los creadores del token $LIBRA, tuviera acceso al círculo íntimo del mandatario.
El origen de la polémica: la criptomoneda del presidente
La polémica en torno a $LIBRA se desató el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto. La publicación, que adjuntaba un enlace para adquirir la criptomoneda, prometía financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
Inicialmente, el precio del token se disparó de forma exponencial, pasando de 0,01 a casi 5 dólares. Sin embargo, en cuestión de horas, el valor se desplomó drásticamente debido a ventas masivas por parte del equipo creador del token y de otros actores que habrían tenido acceso a información privilegiada. Esta maniobra permitió el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares y dejó a más de 40.000 inversores con pérdidas significativas.
Presuntas maniobras y personas bajo investigación
La denuncia señala que las empresas extranjeras "Kip Network" y "Kelsier Ventures", representadas por Julian Peh y Hayden Mark Davis, respectivamente, estuvieron detrás de la creación y el lanzamiento del token. Además, se menciona que estas personas habrían tenido un contacto inicial con el presidente en el "Tech Forum", un evento organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes también están imputados en la causa, junto a Sergio Daniel Morales, un exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
Los denunciantes sospechan que los empresarios habrían pagado para conseguir las reuniones con el presidente en diferentes lugares, como el Hotel Libertador, la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, lo que ha puesto a Karina Milei en el centro de las acusaciones por cohecho y negociaciones incompatibles.
El destino de la investigación ahora está en manos de la Cámara Federal, que deberá resolver si las causas se unifican o si continuarán tramitando de forma separada.
