El anuncio del presidente Javier Milei, realizado en Cadena Nacional, sobre un supuesto aumento de partidas en salud, educación y discapacidad para el presupuesto de 2026, ha generado una rápida respuesta por parte de funcionarios y medios oficialistas. Sin embargo, un análisis detallado del proyecto de ley enviado al Congreso revela que los números y las propuestas legislativas contradicen la narrativa oficial, consolidando un ajuste en áreas clave como las universidades, la ciencia y la defensa.

Mientras el Gobierno proyecta un dólar e inflación que ya han sido superados por la realidad del mercado, la letra chica del presupuesto propone la derogación de leyes cruciales que garantizaban financiamiento para el sistema educativo y científico.

Universidades: lejos del presupuesto necesario

En el caso específico de las universidades, el presidente no habló de "aumentos", sino que mencionó una cifra de 4,7 billones de pesos para 2026. Aunque el número parece elevado, está muy por debajo de lo que el sistema necesita. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha sido enfático al señalar que esa cifra "implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema".

Desde el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) han subrayado que esta propuesta no hace más que "profundizar la inédita crisis que ya atraviesa la UBA", consolidando los recortes aplicados en el último año y medio. Las autoridades universitarias advierten que el proyecto no contempla la actualización de salarios, la recomposición de gastos de funcionamiento ni la reanudación de obras de infraestructura.

El 6% del PBI para educación, eliminado

Uno de los puntos más críticos del proyecto es el artículo 30, que propone la derogación de diversas leyes clave. La más resonante es la que elimina el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que establece que el presupuesto consolidado para la educación no debe ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Si bien esta meta no siempre se cumplió, su eliminación legal borra la obligación de alcanzarla, lo que consolida el ajuste.

La misma suerte corren otras partidas esenciales:

Ciencia y Tecnología: Se derogan los artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Científico que garantizaban un aumento progresivo del presupuesto hasta llegar al 1% del PIB para 2032.

Educación Técnica: Se elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que se financiaba con un 0,2% de los Ingresos Corrientes.

Defensa: El proyecto deroga el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que recientemente perdieron a 18.659 miembros por "retraso salarial" y "falta de estímulos profesionales".

Estas propuestas han sido alertadas por legisladores de la oposición y rectores de las casas de estudio, quienes ven en el proyecto una consolidación del ajuste que podría llevar al sistema universitario y científico a un nivel de deterioro sin precedentes. La suerte de estas partidas dependerá de la discrecionalidad del Ejecutivo y de la postura que asuman los legisladores en el Congreso.