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La Corte Suprema de Justicia de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete acusados por su participación en el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La definición llegó tras el voto de la jueza Carmen Lúcia, que inclinó la balanza en favor de la condena.

Con tres votos contra uno, el tribunal consideró a Bolsonaro responsable de delitos como asociación criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado con violencia contra el patrimonio federal y deterioro del patrimonio histórico.

Al fundamentar su decisión, Lúcia fue contundente: “No hay vacuna contra el autoritarismo. El golpe de Estado es un crimen”. La magistrada subrayó que los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores bolsonaristas irrumpieron en el Palacio de Gobierno, la Corte Suprema y el Congreso en Brasilia, no fueron “un episodio banal tras un domingo de paseo”, sino un ataque directo al orden democrático.

Próxima etapa: definir la pena

El proceso judicial continuará con el voto de Cristiano Zanin, quien se espera también se pronuncie contra Bolsonaro. De esta manera, el tribunal abrirá la instancia conocida como dosimetría judicial, es decir, la determinación de la pena exacta que deberá cumplir el exmandatario y sus aliados. Según la legislación brasileña, las condenas podrían alcanzar hasta 43 años de prisión.

La posición de Lúcia contrastó con la del juez Luiz Fux, quien un día antes se pronunció a favor de la absolución de Bolsonaro, gesto que fue celebrado por el bolsonarismo pero que generó fuertes tensiones dentro de la propia Corte.

Los acusados y las acusaciones

Además de Bolsonaro, entre los condenados figuran el diputado y exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres, el general retirado Augusto Heleno, el exayudante personal Mauro Cid, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general retirado Walter Braga Netto, exjefe de la Casa Civil y candidato a vicepresidente en 2022.

La acusación, presentada por la Fiscalía General de la República en febrero de 2023, se basó en una investigación de la Policía Federal sobre los atentados contra las sedes de los Tres Poderes.

Según la denuncia, el expresidente articuló dos planes: el operativo conocido como “Puñal verde y amarillo”, que contemplaba el asesinato de Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, y la ocupación violenta de los edificios institucionales para instaurar un gobierno de excepción.

Reacción política

Mientras la Justicia avanza, el bolsonarismo prepara una contraofensiva política. Sus aliados ya promueven presiones en el Congreso para discutir una eventual amnistía que habilite a Bolsonaro a presentarse en las elecciones de 2026, aunque los analistas lo consideran prácticamente inviable en el escenario actual.