Tres senadores de la oposición, conocidos por su rol fiscalizador, han solicitado formalmente que la Auditoría General de la Nación (AGN) inicie una investigación exhaustiva en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La solicitud, impulsada por Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Pablo Blanco (UCR), surge tras el escándalo de los audios que involucran al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y otros altos funcionarios.
Los legisladores, figuras influyentes en la Cámara alta, enviaron una nota a Miguel Pichetto, titular de la Comisión Revisora de Cuentas, argumentando que "la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso". En el escrito, también exigen que la auditoría se extienda a la Droguería Suizo Argentina, una empresa cuyos vínculos con figuras clave del oficialismo, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo 'Lule' Menem, son objeto de escrutinio.
La presentación no se limita a la ANDIS. En respuesta a la reciente emergencia por muertes causadas por fentanilo contaminado, los senadores también pidieron una auditoría en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). El objetivo es revisar los procedimientos de control y los sistemas de alerta de la entidad, poniendo especial atención en los laboratorios HBL Pharma y Ramallo, señalados en el caso del narcótico contaminado.
Cruces políticos y defensas oficiales
La iniciativa de la oposición ha generado una reacción inmediata en el oficialismo. El diputado libertario Julio Moreno Ovalle desestimó el pedido, tildándolo de "show" y "oportunismo", ya que el caso ya se encuentra en la órbita judicial.
Sin embargo, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, respondió con dureza: "Acá no estamos hablando de falencias de procesos administrativos, sino de coimas". Para Martínez, la defensa del oficialismo demuestra la necesidad de que las auditorías se realicen.
A esta presión se sumó la diputada radical Soledad Carrizo, quien solicitó ampliar el periodo de la auditoría sobre la ANDIS hasta enero de 2022. La petición de Carrizo se basa en una denuncia previa del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había señalado presuntas irregularidades en la gestión del organismo durante el gobierno de Alberto Fernández. De esta manera, la oposición busca que la investigación sea integral y abarque gestiones anteriores para un esclarecimiento completo de las supuestas irregularidades.
