Un grupo de senadores del peronismo, con base en sus provincias de origen, ha presentado un proyecto de ley para modificar la estructura del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La propuesta, que busca reducir de diez a ocho la cantidad de miembros, asigna escaños específicos a representantes del Senado y a un delegado del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo que agrupa a los gobernadores.
La iniciativa, firmada por los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Fernando Rejal (La Rioja) del bloque Convicción Federal, es descrita por sus autores como la "Ley anti Anker". Este apodo es una crítica directa a la actual conducción del BCRA, encabezada por Santiago Bausili, quien fue socio de la consultora Anker Asesores junto al ministro Luis Caputo. "Es llamativo que, mientras pregonan la autonomía del Banco Central, su dirección esté en manos de los socios de una misma consultora", señalaron los legisladores, quienes también justificaron la reducción de directores como un gesto de austeridad.
Una nueva composición para el directorio
De aprobarse, el proyecto de ley cambiaría la actual Ley 24.144, estableciendo un directorio de ocho miembros: un presidente, un vicepresidente y seis directores. La nueva composición sería la siguiente:
·El presidente, el vicepresidente y tres directores serían designados por el Poder Ejecutivo con la aprobación del Senado.
·Dos directores serían elegidos directamente por el Senado, en función de la composición de la Cámara.
·Un director sería propuesto por el titular del CFI, a nombre de las provincias.
Los autores de la propuesta argumentan que su objetivo es "restaurar la autonomía del directorio" y fortalecer el federalismo financiero. En los fundamentos del proyecto, señalan que desde la reforma de 1992, la exclusión de representantes provinciales ha debilitado la coordinación entre la política monetaria y el desarrollo económico regional. Esta iniciativa busca revertir esa tendencia, afirmando que el modelo actual no logra atender las necesidades de las provincias ni corregir las desigualdades en el acceso al crédito.
La presentación de este proyecto se da en un momento de alta tensión en el mercado, justo después de la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. La propuesta busca captar la atención de un sector del peronismo que ha cuestionado el centralismo de las políticas económicas del gobierno actual.
