El Senado de la Nación se prepara para una sesión crucial este jueves, donde se espera que vote el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad, lo que representaría un duro revés para el Poder Ejecutivo. De prosperar, la medida será la primera de su tipo en 22 años, ya que la última vez que el Congreso insistió con una ley vetada fue en abril de 2003.
El proyecto, que ya había sido aprobado por 172 votos en la Cámara de Diputados, declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, busca actualizar las prestaciones para cubrir la brecha con la inflación desde 2023. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la implementación de esta ley tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de nuevas altas.
Entre los puntos más importantes de la ley, se destaca que las 200.000 contribuciones por invalidez equivaldrán al 70% de la jubilación mínima y permitirán que las personas que las cobren puedan trabajar, siempre que su ingreso no supere dos salarios mínimos. Asimismo, la ley exige que el Estado salde la deuda con los prestadores y actualice mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, siguiendo los índices del INDEC.
Durante la misma sesión, el Senado también debatirá un proyecto de ley para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta que el presidente Javier Milei ha utilizado con frecuencia para eludir al Poder Legislativo. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de distintas bancadas, como el kirchnerismo, el PRO y la UCR, establece que los DNU tendrán un plazo de 90 días para ser aprobados por ambas cámaras, o serán "derogados".
Además, la sesión incluirá cinco cuestiones de privilegio para objetar la decisión del Gobierno de denunciar a periodistas y de conseguir una orden judicial que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Las críticas se centran en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por defender la denuncia y solicitar allanamientos a estudios de streaming y a domicilios de periodistas y abogados.
