El Gobierno argentino se enfrenta a un desafío fiscal cada vez más complejo: alcanzar la meta de superávit del 1,6% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de los esfuerzos, las proyecciones de los analistas indican que, con suerte, se llegaría a un 1,3%. Ante este panorama, el presidente Javier Milei ha ratificado ante empresarios que la política de ajuste, conocida como "motosierra", se profundizará.

Para compensar la caída en la recaudación, el ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa un endurecimiento del ajuste. Las opciones sobre la mesa incluyen un mayor recorte en las transferencias a las provincias, la paralización total de la obra pública y más restricciones en partidas sensibles del gasto.

Presiones y desafíos: el riesgo de la baja de impuestos

El desafío es enorme, en parte por la pérdida de ingresos fiscales derivada de la reducción del Impuesto PAÍS y de las retenciones al sector agropecuario, que en conjunto aportaban cerca de un punto del PBI. Martín Polo, economista de Cohen Aliados Financieros, advirtió que la eliminación de estos impuestos "deja al Gobierno mucho más expuesto" a aplicar un ajuste más severo.

A esto se suma la tensión política. El economista Luis Secco señaló que "el tema fiscal viene comprometido este año" y que el gasto sigue creciendo más rápido que los ingresos. Además, la falta de respaldo legislativo y la incapacidad para aprobar leyes clave complican aún más la situación.

Los datos de la Asociación Argentina de Contribuyentes (ARCA) muestran la inestabilidad de la recaudación. Si bien hubo crecimientos en los primeros meses del año, la caída del 18% en mayo, seguida de subas modestas en junio y julio, refleja la fragilidad de los ingresos. Con una alta tasa de interés que frena la reactivación económica, el Gobierno se ve presionado a acelerar los recortes para cumplir con sus promesas de solidez fiscal antes de las próximas elecciones.