El Gobierno nacional intenta contener las repercusiones del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con dos medidas concretas. Por un lado, una auditoría interna para revisar contratos, y por otro, la intención de que el organismo deje de ser un ente descentralizado para pasar a depender directamente del Ministerio de Salud.
A pesar de la falta de una comunicación oficial clara, fuentes de la Casa Rosada confirmaron que la auditoría será "gruesa" y revisará los contratos con la droguería Suizo Argentina y el rol del personal involucrado. En paralelo, analizan que la ANDIS, que actualmente maneja su propio presupuesto de forma autónoma, pase a estar bajo el control del ministro de Salud, Mario Lugones.
La respuesta del Gobierno a los audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue a destiempo. Recién el jueves por la madrugada, tras la difusión de la denuncia, se decidió apartar a Spagnuolo y se intervino el organismo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó la cercanía del Presidente con el ex funcionario y defendió la inocencia de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, quienes fueron mencionados en los audios.
Una auditoría con foco en los contratos
La auditoría buscará "defender la imagen del Gobierno" y podría llevar a despidos y recortes. Este punto no es menor, ya que en la última semana se supo que la droguería Suizo Argentina, mencionada en el escándalo, multiplicó sus negocios con el Estado desde la llegada de Javier Milei, pasando de contratos por $3 mil millones a más de $100 mil millones.
En el entorno del Presidente afirman que la droguería es una de las más grandes del sector y que ganó licitaciones por presentar ofertas más baratas, aunque algunas de ellas ya están siendo investigadas por la Justicia.
La ANDIS, en la mira para un cambio radical
Además de la auditoría, en el Gobierno evalúan que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado, lo que le permite manejar de forma autónoma su presupuesto y personal. Al ser un organismo creado por decreto, el Gobierno tiene la facultad de reubicarlo bajo el Ministerio de Salud, lo que, según funcionarios, "garantizaría mayor transparencia".
En el círculo cercano al Presidente aseguran que no se tomarán otras medidas hasta que se "esclarezcan los hechos". Sin embargo, citan una máxima de Javier Milei: "Cualquier funcionario que haga algo que no corresponda va a ser ejecutado".
