La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión por el caso Vialidad, presentó un recurso ante la Justicia para suspender la ejecución de sus bienes y anular el decomiso dictaminado por el tribunal. La medida judicial fue tomada en el límite del plazo que tenía para depositar los 530 millones de dólares que se establecieron como reparación por el presunto daño al Estado.

En un escrito firmado junto a su abogado Alberto Beraldi, Kirchner cuestionó el cálculo del monto del perjuicio y se defendió argumentando que su patrimonio y el de su familia son "absolutamente legítimos", citando sobreseimientos previos en causas por enriquecimiento ilícito. "No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos", sostuvo la exmandataria en su presentación, reafirmando que no existen bienes que puedan ser considerados como producto del delito.

Esta acción legal implica que, por ahora, Cristina Kirchner no realizará el pago solicitado. La obligación de afrontar el decomiso sigue vigente para los demás condenados en la causa, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas, José López, y varios exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.