La empresa Industrias Secco, una de las firmas vinculadas al escándalo de "los Cuadernos de las coimas", enfrenta ahora acusaciones de represión laboral. La compañía ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos y abogados laboralistas tras presentar una denuncia penal contra empleados despedidos que se manifestaban pacíficamente en defensa de sus empleos. Esta medida ha generado un amplio rechazo de organizaciones de derechos humanos y sindicales.

El conflicto se intensificó luego de que 30 trabajadores del área de emergencias, conocidos popularmente como “bomberos de la luz”, fueran desvinculados de la empresa. Según el testimonio de Ariel Moreno, uno de los afectados, entre los despedidos hay delegados con fueros sindicales, candidatos gremiales y militantes de la Federación de Trabajadores de la Energía (Fetera – CTA Autónoma). Moreno calificó la decisión como "despidos ilegales y discriminatorios", argumentando que la empresa busca desarticular la organización interna.

El problema comenzó hace varias semanas con una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo de San Martín, a las que, según los trabajadores, la empresa no se presentó ni ofreció alternativas. Ante la persistencia de las protestas, la firma optó por la vía judicial. Aunque una primera denuncia penal en la justicia ordinaria fue archivada, la compañía ha presentado una nueva causa en el ámbito federal, en lo que los trabajadores consideran un claro intento de intimidación.

Roberto Torres, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), explicó que la empresa busca con esta acción "criminalizar la protesta" y "amedrentar a los trabajadores que están ejerciendo derechos constitucionales". Torres subrayó que "protestar es un derecho, no un delito", y criticó a los empresarios por intentar coartar la libertad de expresión, el derecho a huelga y la organización sindical.

Este nuevo conflicto surge mientras Industrias Secco aún arrastra un pesado historial judicial. Su titular, Jorge Balan, admitió haber pagado sobornos en contrataciones del Estado y ahora enfrenta un juicio oral por cohecho que comenzará en noviembre.

En este contexto, Fetera-CTA y otras agrupaciones exigen la inmediata reincorporación de los trabajadores, el retiro de todas las denuncias penales y un respeto pleno por los derechos laborales y sindicales.