La imagen de una mujer con una pierna amputada enfrentando a efectivos de Gendarmería Nacional en la Plaza de los Dos Congresos ha causado una fuerte indignación pública. La escena, transmitida en vivo por Crónica TV, se produjo en el marco de una protesta de familias de personas con discapacidad contra el veto presidencial a la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
El despliegue de las fuerzas de seguridad para controlar a los manifestantes fue criticado como desproporcionado. Las familias, en su mayoría madres y padres, se movilizaron para presionar a los legisladores y revertir la decisión del Ejecutivo de vetar una normativa clave para el sector. La ley, aprobada por el Congreso, busca destinar recursos adicionales para saldar deudas con prestadores de salud, actualizar aranceles y asegurar el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día. Además, refuerza el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
En medio de la tensión, una de las madres expresó su desesperación y compromiso con la causa: "Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sus terapias a que me pegue un policía. Yo voy a defender los derechos de mi hijo", se la escuchó decir a una manifestante, reflejando el temor de muchas familias que ven en riesgo la estabilidad y el futuro de sus hijos.
La norma vetada es vista por el sector como una tabla de salvación para miles de personas, ya que sus puntos cruciales incluyen:
·Ingresos y bienestar: Ofrece mejoras para quienes trabajan en talleres protegidos, cuyos salarios mensuales apenas alcanzan los $28.000.
·Acceso a beneficios: Busca agilizar el otorgamiento de pensiones no contributivas, vitales para la autonomía de muchas personas.
·Sustentabilidad del sistema: Propone una actualización de aranceles para evitar el cierre de prestadores de terapias y apoyos, que hoy operan al límite de sus capacidades.
La movilización, que por momentos pareció escalar, terminó con un repliegue de los gendarmes tras recibir la orden. Sin embargo, el mensaje del sector quedó claro: "Un veto total no es austeridad: es abandono", sentenciaron voceros del foro de discapacidad, apelando directamente al presidente Milei.