El gobierno de Javier Milei ha decidido escalar su enfrentamiento legal en el juicio por la nacionalización de YPF. La administración presidencial comunicó que se negará a entregar los mensajes y comunicaciones privadas de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa, en respuesta a un pedido de la jueza Loretta Preska. Esta decisión se produce en el marco de una demanda que ya le ha costado al Estado una condena de 16.100 millones de dólares.
La Procuración General del Tesoro tiene previsto informar esta postura a la magistrada y a los representantes de los fondos demandantes durante la audiencia de este martes. Desde el Poder Ejecutivo, insisten en que la orden de Preska, que también exige información sobre activos argentinos, es un "exceso de jurisdicción". Según fuentes oficiales, "de ninguna forma" se proporcionará información que consideran privada y confidencial.
El objetivo de los fondos litigantes es demostrar que YPF y el Estado argentino operan como una misma entidad, lo que les permitiría ejecutar la millonaria sentencia sobre los bienes públicos del país. Para ello, solicitan comunicaciones y documentos que puedan respaldar esa tesis.
Ante esta situación, la Casa Rosada explora dos posibles vías de acción: solicitar una suspensión directa del pedido a la propia jueza Preska o llevar el reclamo a la Cámara de Apelaciones. Aunque el Gobierno admite que esta postura podría generar multas diarias por incumplimiento, fuentes del Ejecutivo aseguran que no cederán y que apelarán "hasta la última instancia", incluso llegando a la Corte Suprema de los Estados Unidos si fuera necesario.
A pesar de la firmeza del Ejecutivo, la estrategia jurídica es compleja. La Corte de Apelaciones aún debe resolver un pedido de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia mientras se tramita la apelación. En este contexto, un elemento favorable para el país ha sido la presentación de un escrito como amicus curiae por parte de la administración de Donald Trump, que apoya la posición argentina.
Las audiencias orales en la Cámara de Apelaciones ya están fijadas para la semana del 27 de octubre, un día después de las próximas elecciones legislativas en Argentina.
