La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) ha iniciado acciones legales contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, exigiéndole una retractación pública ante lo que consideran acusaciones "falsas, infundadas y gravemente difamatorias". La entidad defiende la premisa de que "La música tiene valor y tiene dueño", en un contexto de creciente tensión con el Gobierno por la gestión de los derechos de autor.

La intimación judicial surge a raíz de declaraciones de Adorni durante su habitual conferencia de prensa del 18 de julio. En esa ocasión, el portavoz afirmó que SADAIC realizaba un "cobro abusivo de derechos de autor" y que los fondos "quedaban en manos de quienes controlaban la entidad", insinuando irregularidades.

Reacción institucional y bases de la demanda

El directorio de SADAIC, integrado por figuras prominentes como Patricia Sosa, Facundo Saravia, Paz Martínez y Víctor Yunes, envió una carta documento a Adorni. En ella, le dan un plazo de cinco días hábiles para retractarse públicamente, advirtiendo que, de no hacerlo, iniciarán acciones penales y civiles por delitos como calumnias, injurias y la falsa imputación de administración fraudulenta.

En un comunicado, los artistas recalcaron que SADAIC representa a los autores y compositores argentinos, asegurando que su funcionamiento se rige por la Ley 17.648 y es sometido a auditorías periódicas que garantizan la transparencia. Expresaron su honda preocupación por el daño que las afirmaciones del funcionario pueden causar a la imagen de la entidad, tanto a nivel nacional como internacional.

Conflicto con el Gobierno y defensa de la propiedad intelectual

Este conflicto se enmarca en una disputa más amplia entre el gobierno de Javier Milei y las entidades de gestión de derechos de autor. La tensión se agudizó con el Decreto 765/24, que excluyó del pago de derechos a las reproducciones de obras en "ámbitos privados", impactando directamente en los ingresos de los creadores. Posteriormente, el Decreto 138/25 profundizó la controversia al buscar debilitar a las entidades colectivas, forzando a los autores a negociar individualmente con grandes corporaciones, un modelo que, según SADAIC, "desprotege a los creadores y concentra aún más el poder en las plataformas y multinacionales".

SADAIC reitera su postura de que cualquier evento público o privado donde se reproduzca música debe abonar el canon correspondiente, en defensa del derecho constitucional a la propiedad intelectual. Denuncian que muchos organizadores evaden el pago, amparándose en un marco normativo que, a su juicio, "debilita al autor y legitima el uso gratuito".

Las recientes declaraciones de Adorni no solo escalan la tensión, sino que podrían abrir un significativo frente judicial, ya que para los artistas, el pronunciamiento del vocero no es una simple opinión, sino una acusación directa de corrupción emanada desde la esfera oficial del Poder Ejecutivo. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta formal a la intimación.