La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha zanjado un conflicto de competencias y determinó que el juez federal Sebastián Casanello será el encargado de investigar las amenazas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La decisión surge a raíz de una intimidatoria pintada que proponía "matar a Bullrich para vengar a Santiago".
El caso llegó al máximo tribunal debido a una disputa jurisdiccional entre un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires y el juzgado federal N° 7, precisamente a cargo de Casanello. La investigación se inició luego de que la policía reportara pintadas en el monumento a Don Quijote, ubicado en la Avenida de Mayo y Lima, durante una protesta. La frase "matar a Bullrich para vengar a Santiago" fue el disparador de la acción legal.
Argumentos para la competencia Federal
El juez local que inició la causa consideró que el hecho encuadraba en el delito de amenazas y declinó la competencia a favor de la justicia federal. Su argumento principal fue que la intimidación estaba dirigida a la Ministra de Seguridad de la Nación en su calidad de funcionaria pública, lo que le otorgaba un carácter federal al delito.
Sin embargo, el magistrado federal, basándose en la opinión del fiscal, inicialmente rechazó la atribución por considerarla "prematura". Argumentó que no se habían realizado las medidas de prueba mínimas necesarias para reconstruir los hechos y determinar su encuadre legal definitivo. Ante esta postura, el expediente regresó al juzgado de origen, cuyo titular insistió en su criterio y elevó el conflicto de competencia a la Corte Suprema.
Finalmente, el Procurador General interino, Esteban Casal, dictaminó a favor de la intervención federal. Sostuvo que, dado que la amenaza se dirige contra una autoridad nacional y está presumiblemente motivada por su cargo, corresponde que la investigación recaiga en la justicia federal. Casal señaló que la competencia federal abarca "los hechos que pudieren afectar el funcionamiento de órganos nacionales o el desempeño de los empleados que prestan en ellos funciones". Siguiendo este dictamen, la Corte estableció que el caso deberá tramitarse en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Casanello.
