La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un intento del expresidente Alberto Fernández de apartar al juez Julián Ercolini de la causa de los Seguros, en la que el exmandatario fue recientemente procesado. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de la defensa de Fernández argumentando que no se dirigía contra una sentencia definitiva.
Aunque Ercolini ya no está formalmente a cargo del Juzgado Federal 11 –cargo que ahora ocupa el juez Sebastián Casanello–, la defensa de Fernández buscaba su recusación con la intención de cuestionar la validez de los procedimientos previos en la investigación.
"Venganza disfrazada de Causa Penal": los argumentos de Fernández
En mayo de 2024, el expresidente había solicitado el apartamiento de Ercolini alegando "temor de parcialidad" y calificando la situación como una "venganza disfrazada de causa penal". En ese momento, el juez había rechazado el pedido, negando cualquier amistad pasada o enemistad actual con Fernández. Ercolini sostuvo que "no se verifican ninguno de los supuestos expresamente previstos para ello en el ordenamiento procesal, ni tampoco se observan razones fundadas para considerar dudar sobre mi imparcialidad".
Fernández insistió en su argumento, incluso solicitando una audiencia personal ante la Cámara Federal. Allí, reiteró que habían sido amigos, pero que el vínculo se rompió cuando Ercolini avanzó en causas contra el kirchnerismo. También mencionó que él mismo había dado la orden de denunciar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, tanto el juez federal Roberto Boico en la Cámara Federal porteña, como la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma del juez Gustavo Hornos, rechazaron sus planteos. La abogada de Fernández, Mariana Barbitta, intentó llevar la queja hasta la Corte Suprema, pero esta última confirmó la decisión.
Procesamiento por "Negociaciones Incompatibles"
La semana pasada, el juez Sebastián Casanello procesó a Alberto Fernández por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", un cargo que podría acarrear una pena de hasta seis años de prisión. Según Casanello, existen indicios claros de que Fernández, en su rol de presidente, habría intervenido para beneficiar los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, quien era una persona de su "círculo íntimo" y para quien Fernández había trabajado como asesor antes de asumir la presidencia. El juez concluyó que Fernández se involucró en el "plan de expansión de los negocios" del grupo de Martínez Sosa con el Estado.
