Un informe interno "exprés" de Gendarmería Nacional ha desatado una ola de indignación al responsabilizar directamente al fotoperiodista Pablo Grillo por el disparo de gas lacrimógeno que lo dejó al borde de la muerte el pasado 12 de marzo, durante una marcha por jubilados. El sumario de la fuerza, elaborado en apenas 24 horas y conocido tras un allanamiento judicial, califica el incidente como un "hecho fortuito" y exime de toda culpa al cabo Héctor Guerrero, quien accionó el arma, a pesar de las contundentes pruebas visuales que contradicen la versión oficial.
El documento: "una línea de tiro" y "hecho fortuito"
Según las querellas, el documento representa un intento del Gobierno de "engendrar su propio sistema de impunidad". El informe concluye que Grillo se encontraba "en la línea de tiro" del cabo Guerrero, insinuando que su ubicación fue la causa de la tragedia. Sin embargo, esta afirmación choca con todas las imágenes de medios y drones de televisión, que muestran a Guerrero disparando de forma horizontal y antirreglamentaria.
El sumario ratificó que ni el cabo Guerrero ni sus superiores merecen "reproche alguno desde el punto de vista disciplinario". La pesquisa administrativa, reabierta el 25 y cerrada el 29 de abril con las mismas conclusiones, insistió en que el disparo fue un "hecho fortuito" y que el fotógrafo asumió un "riesgo al colocarse en la línea de tiro".
Pruebas visuales y reclamo judicial
La versión de Gendarmería contrasta drásticamente con el material audiovisual. El colectivo Mapa de la Policía ya había demostrado, al día siguiente del incidente, que Guerrero disparó de forma horizontal —una práctica que puede ser letal con armas consideradas "menos letales"— a las 17:18 horas. Drones de canales de televisión como TN y A24 también aportaron imágenes fundamentales que visualizan lo ocurrido.
Además, las propias reglas de uso de pistolas lanzagases de Gendarmería son explícitas: "Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte".
Mientras tanto, en la causa judicial a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, el cabo Guerrero aún no fue llamado a indagatoria. La querella de la familia de Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), ha solicitado que se lo cite por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un allanamiento judicial el 19 de junio permitió el secuestro del arma utilizada por Guerrero y la documentación administrativa de Gendarmería. Se espera una reconstrucción de los hechos con la misma pistola lanzagases a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de peritos de la querella.
