Las recientes afirmaciones del presidente Javier Milei sobre el caso YPF, en las que culpó a Axel Kicillof por el fallo adverso, han encendido las alarmas en el ámbito jurídico internacional. Expertos legales advierten que esta contradicción abierta con la defensa oficial del Estado argentino podría tener serias repercusiones y ser interpretada por los tribunales como una "admisión" o una "fisura" en la estrategia legal del país.
Argentina, que ya ha anunciado formalmente su apelación, ha sostenido desde el inicio del litigio que la expropiación de YPF en 2012 se realizó bajo el amparo de la Constitución Nacional, aplicando el principio de que "Constitución mata estatuto". Esto significa que, al ser una ley de expropiación, la adquisición de acciones no debía regirse por el estatuto de la sociedad anónima (que exige una oferta pública de adquisición, OPA), sino por el marco del derecho público constitucional. Esta posición fue defendida por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y es la misma que ratifica la actual administración libertaria.
La contradicción presidencial y la postura de Burford
Sin embargo, el presidente Milei se desmarca de esta línea jurídica al atribuir la responsabilidad a Kicillof por no haber seguido el estatuto de YPF. Curiosamente, esta acusación es precisamente el argumento central del fondo demandante, Burford Capital: que el Estado debió lanzar una OPA para los accionistas minoritarios y no lo hizo. Al culpar a Kicillof por no cumplir con el estatuto, Milei, de forma implícita, estaría validando el argumento de los demandantes y, en consecuencia, socavando la lógica de su propia defensa.
Esta paradoja se da en un contexto donde el propio Gobierno, a través de sus abogados, ratifica la estrategia jurídica nacional: la Constitución por encima del estatuto privado de una empresa.
Riesgos de negociación y responsabilidades penales
Un abogado cercano al caso explicó que las declaraciones del Presidente no son "solamente un error de comunicación o una torpeza política", sino un "gesto diplomático y legal que puede ser interpretado por los tribunales como una admisión".
Más allá de la apelación, la defensa argentina aspira a que la jueza Preska conceda un "Stay" (pausa en la ejecución de la sentencia) hasta el pronunciamiento de la Cámara, lo que "hibernaría" la causa. Esto dependerá, según una fuente, de que "Javier Milei no tenga una estrategia de hacer goles en contra" con sus declaraciones.
Las palabras de Milei, que parecen validar la preeminencia del estatuto sobre la Constitución, podrían explicar una eventual intención de negociar con Burford, diálogo que ya está abierto con la contratación de Gery Matto como interlocutor. No obstante, renunciar a la instancia de apelación en el caso YPF no es una decisión menor. Implica una "decisión política de alto costo", con la firma de un decreto que documentaría la claudicación.
Esta renuncia, si se basa en "convicción ideológica y no por obligación jurídica", podría ser interpretada como un "perjuicio doloso al interés nacional" y derivar en responsabilidades penales. El acto de pagar, si se considera que el fallo es injusto pero se opta por no litigar más, podría ser visto como una "claudicación deliberada en favor de una parte que la propia Argentina acusa de haber actuado de mala fe".
