Este lunes la justicia intimó al gobierno nacional a distribuir los 5 millones de toneladas de alimentos almacenados en depósitos oficiales. Sin embargo, el voceo presidencial Manuel Adorni dijo en la conferencia de prensa habitual que “Respetamos la Justicia, pero utilizaremos los instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar porque creemos que esto es una cuestión de política pública y no de índole judicial. La Justicia no puede entrometerse en la política pública”, consideró.
Adorni sostuvo que los alimentos están "reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes", asegurando que "ningún alimento será desperdiciado".
"Queremos demostrar que nuestro enfoque es serio y no hacemos populismo. Tenemos una política de asistencia y también mantenemos mercadería para futuras emergencias. A algunos les molesta que hayamos eliminado a los intermediarios", apuntó.
El juez Casanello ordenó al gobierno distribuir de manera inmediata los alimentos. La Iglesia se había expedido en igual sentido, tanto en el Tedeum del 25 de mayo como en declaraciones posteriores del obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea,
Casanello, notificó al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, para que informe sobre la cantidad de alimentos almacenados y elabore un plan de distribución considerando el tipo de alimentos, su cantidad, fecha de vencimiento y grupo destinatario, con un plazo de 72 horas para su ejecución. Opositores políticos, recordaron que hubo una catástrofe en Bahía Blanca y el gobierno nacional no distribuyó alimentos. Tampoco repartió los 150 mil repelentes de insectos que tiene retenidos, durante los peores días del Dengue.
La orden judicial incluye una presentación voluntaria de documentación detallada sobre el stock de alimentos en depósitos ubicados en Villa Martelli, Vicente López (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). También se requiere información sobre los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023, así como los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de los alimentos.
El juez Casanello dispuso que la Policía Federal Argentina realice la diligencia el lunes 27 de mayo a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Toda la documentación recabada deberá ser remitida en formato digital al juzgado.
