El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández, y del broker Héctor Martínez Sosa, y de su esposa, la exsecretaria del jefe de Estado María Marta Cantero.

La causa que tiene el juez Julián Ercolini investiga las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros S.A. Lo que se cuestiona es que el decreto habilita la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.

La causa subraya que la decisión de Alberto Fernández anuló la posibilidad de realizar licitaciones públicas “que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.

Las cinco firmas que intervinieron son: Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; TG Broker S.A.; Bachellier S.A.; Castello Mercuri S.A. y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. – se desprenden de una auditoría realizada por Nación Seguros a comienzos de este año.

El expresidente declaró un patrimonio neto valuado en 14 millones de pesos. En el documento figura una deuda justamente a Martínez Sosa de 20.000 dólares, pero el cambio a pesos figura en 102.240 pesos. Además, Fernández graficó en bienes, depósitos y dinero al final del año la cifra de 17.902.847,99 millones de pesos.

No obstante, la medida judicial no le inhibió una caja de ahorro declarada por 3.500.000 millones de pesos, como también créditos que tiene a su favor. Fernández declaró poseer retenciones y percepciones a cobrar por más de 7 millones de pesos y un saldo a su favor por la sociedad Inmueble Callao 1960 SA de poco más de 2 millones.