Por 128 contra 114 votos, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa con los cambios incluidos por el Senado impulsados por el Frente de Todos. Los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral.
La Cámara de Diputados convirtió en ley, por 128 contra 114 votos, el proyecto de reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado impulsados por el Frente de Todos, con lo cual los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral, en lugar de anual como establecía la actual norma.
La iniciativa se aprobó con los votos que fueron aportados por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, dos de Identidad Bonaerense, dos socialistas, una de Córdoba Federal, uno de Juntos por Rio Negro, dos del Frente de la Concordia y cuatro de izquierda.
En tanto, la iniciativa fue rechazada por Juntos por el Cambio, los tres libertarios que responden a Javier Milei, uno de Juntos por Rio Negro, una de Identidad Bonaerense y uno de Córdoba Federal.
La iniciativa fue aprobada después de las 5 de la madrugada en el marco de una sesión maratónica que se inició hoy a las 12.30 en la cual se convirtió en la ley de violencia digital y se aprobaron los proyectos de devolución del IVA, Argentina Inclusiva y de promoción del Gas Natural Licuado.
Con la sanción de este proyecto los contratos se mantienen en tres años los cuales deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".
También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA".
El texto aprobado por el Senado, además, incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".
También fija que cualquier "publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional” y elimina la posibilidad de los pagos a inquilinos por adelantado.
En cuanto a los beneficios impositivos los propietarios no pagarán bienes personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler. Tampoco pagarán el impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar esos contratos que se encuentren "debidamente registrados" ante la AFIP.
Además las "partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.
En cambio, el texto con media sanción de Diputados establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes podían hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear para calcular el porcentaje entre varias fórmulas o índices.
Siempre de acuerdo con el texto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, el menú de posibilidades a elegir estaba conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se contemplaba como opción que las partes pudieran acordar adoptar una combinación de estos índices.
Al fundamentar la posición del oficialismo, el diputado del FDT Lucas Godoy "es un tema que repercute en la vida de alrededor de 8 millones de personas" y "este contrato nunca tuvo ni tendrá una relación paritaria de igualdad de partes. La ley debe entonces amparar y equilibrar las condiciones de los contratantes”.
Agregó que "hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado”,
En el cierre del debate, la secretaria parlamentaria del bloque del FDT, Paula Penacca, afirmó que el problema "no es la ley" sino el contexto económico y dijo que una "de las cosas que mejora es que elimina la posibilidad que el inquilino haga pagos adelantos".
Dijo que "el problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es un pasquín kirchnerista”.
"Con la ley aprobada en el Senado se mejora la situación de los inquilinos", destacó
Desde la oposición, la vicepresidenta radical Karina Banfi afirmó que "como nosotros queremos ayudar a la parte más débil, venimos pidiendo la derogación de la Ley de Alquileres sancionada en 2020. Como no tuvimos mayorías, lo que hicimos en agosto fue derogar los dos artículos más nefastos".
En ese sentido dijo que "en 2019, cuando se debatió por primera vez, se nos advirtió que se retraería la oferta y eso fue lo que pasó. En 2020, por la pandemia, se congelaron los alquileres. Lo que tenemos hoy es un desorden absoluto, en el marco de una crisis económica y habitacional. Este combo es letal".
Por su parte, el diputado del Pro Pablo Tonelli expresó su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo al señalar que "la aplicación de la ley provocó una enorme retracción en la oferta de viviendas para alquilar. Esto perjudica a los inquilinos dada la escasez de la oferta, les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”.
APROBARON EL RÉGIMEN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
La Cámara de Diputados aprobó por 127 contra 88 votos y 2 abstenciones y giró al Senado el proyecto de ley de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, con el fin de asegurar la generación de puestos de trabajo de calidad y el fomento de mayor inserción internacional.
La iniciativa fue respaldada por el Frente de Todos, Provincias Unidas e Interbloque Federal, mientras que fue rechazada por Juntos por el Cambio y los libertarios.
Se trata de un proyecto de la diputada del FDT, Constanza Alonso, oriunda de la localidad bonaerense de Chivilcoy, uno de los polos de fabricación de zapatillas y zapatos.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Industria, Marcelo Casaretto, aseguró que esta iniciativa busca ubicar al calzado y sus proveedores "como industria estratégica en la Argentina buscamos un programa de fomento de la industria local y la integración del valor local en el calzado”.
Agregó que afirmó que el sector del calzado sufrió “una gran caída entre 2016 y 2020, cuando el sector cayó un 55% en su nivel de actividad producto de una apertura indiscriminada de la economía nacional”.
Alonos, la autora de la iniciativa, señaló que este proyecto tuvo "la participación de la industria del calzado, del gremio del calzado y de otros hermanados como de curtidores" y dijo que esta propuesta "es una ley integral que le da certeza a ésta ley para que este sector sea plenamente competitivo".
"Este proyecto es muy federal e integral para la industria, da certezas y busca fortalecer a toda la cadena de valor del calzado para que sea plenamente competitiva”, agregó.
Desde JXC, el diputado de Avanza la Libertad, José Luis Espert, rechazó el proyecto al señalar que "trata de evitar todo lo que sea competencia en el sector de los calzados, es de los sectores más protegidos que hay en la industria Argentina y tiene el arancel máximo de importación”.
La iniciativa busca que todos sus actores, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas, consumidores, se vean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variada tecnología, con empleos calificados y de mayor calidad, con una industria mejor equipada y capaz de exportar, con mayores ventas de productos hechos en el país y a mejores precios para el consumidor final.
La iniciativa contempla beneficios impositivos como la amortización del impuesto a las ganancias, retenciones cero por exportación hasta diciembre de 2031, y reducción de aportes patronales.
También busca crear un marco jurídico integral de condiciones propicias para un cambio estratégico del funcionamiento de la cadena de valor de la industria del calzado, tendiente a la sustitución de importaciones y el fortalecimiento de la capacidad exportadora del sector.
Entre los objetivos del régimen se busca "la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor, la generación de puestos de trabajo de calidad; el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador y el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad".
Asimismo, se propone "el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos, la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación y el cuidado del medioambiente".
CONDENA AL ATAQUE DE HAMAS EN ISRAEL Y SOLIDARIDAD CON FAMILIAS DE LAS VICTIMAS
Diputados nacionales de diferentes bloques condenaron este martes el ataque de la organización Hamas a Israel y se solidarizaron con las víctimas, en el marco de la sesión especial en la que la Cámara baja debate un conjunto de proyectos.
En ese marco, la primera oradora fue la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá, quien advirtió sobre "la doble vara de esta Cámara, porque no se trató este tema cuando hubo 200 muertos palestinos por la incursión de Israel" y cuestionó "los 70 años de masacre de una política de exterminio del pueblo palestino. Reivindicamos el derecho a la rebelión palestina. Viva la lucha del pueblo palestino y por el derecho al retorno".
El diputado de la Libertad Avanza y precandidato presidencial Javier Milei manifestó su "repudio por los actos terroristas de Hamas en el territorio de Israel" y expresó su "solidaridad para todos los civiles y el pueblo israelí que está sufriendo por esta situación. Mi absoluto y total apoyo a Israel en el legítimo uso de defensa frente al ataque terrorista".
Desde Identidad Bonaerense, Graciela Camaño aseguró que "el terrorismo es un viejo conocido de los argentinos: los hemos sufrido en dos oportunidades cuando desde esta metodología del miedo y terror se atentó contra la embajada (de Israel) y la Amia" y aseveró que "no podemos permanecer indiferentes ante el ataque del grupo Hamas contra el pueblo israelí".
La diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer dijo que "este episodio nos conmueve y nos compromete a una condena sin condicionamientos" y puso de relieve que "el derecho a la existencia del Estado de Palestina, el derecho a su soberanía, el reconocimiento a su existencia ha sido apoyado por toda la comunidad de Naciones Unidas; ese reconocimiento implica someterse a las obligaciones de derecho humanitario de todos los países y lo que se ha hecho es violentar ese derecho".
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López sostuvo que "Hamas es terrorismo" y afirmó que "la Argentina con todos los problemas que tiene, tiene una bendición que es todavía ser una tierra de paz, aunque el antisemitismo existe y este Parlamento tiene que repudiar más y consagrar más nuestro derecho de vivir en paz".
También el presidente del bloque de diputados del radicalismo, Mario Negri, manifestó su "repudio absoluto al atentado terrorista" y dijo que "no hay razón alguna que justifique el terrorismo", al recordar que el gobierno de Mauricio Macri incluyó en 2018 a Hezbollah en el listado de agrupaciones terroristas. Y dijo "este gobierno no tiene que esperar a terminar su mandato, debería incorporar a Hamas" en esa nómina.
