En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer, la fiscal del caso Marina Díaz acusó a un varón, L.R.P, por amenazar a su expareja desobedeciendo órdenes judiciales previamente impuestas. Además, solicitó que el acusado quede detenido con prisión preventiva.
Los delitos que la fiscalía le atribuyó al imputado son: desobediencia a una orden judicial en concurso ideal con amenazas simples (tres hechos) en concurso real, que a su vez concursan realmente con el delito de desobediencia a una orden judicial (dos hechos) en concurso real, todo ello en contexto de violencia de género (Artículos 239, 149 bis, 45, 54 y 55 del Código Penal).
La teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal son los siguientes hechos:
El primer hecho ocurrió el 3 de diciembre de 2022 a la madrugada, en la localidad de Bajada del Agrio. El imputado, L.R.P, quien se encontraba aparentemente en estado de ebriedad, se presentó en el domicilio de la víctima y la amenazó. Luego fue demorado por personal policial ante el llamado de la víctima a la línea 148.
El segundo hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2022 cuando el imputado le envió mensajes de texto a la víctima insultándola y comunicándole que el día anterior había ingresado a su domicilio mientras ella dormía, llevándose un parlante y un cargador de celular.
El tercer hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2022 entre las 20 y 21. El imputado, L.R.P, se presentó en el domicilio de su expareja y la amenazó nuevamente.
Con dichas conductas L.R.P desobedeció una orden judicial dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, notificada al imputado el 2 de diciembre de 2022, donde se informaba que debía abstenerse de realizar todo tipo de acto de perturbación, intimidación y/o violencia sobre la víctima y su grupo familiar, por sí o por interpósita persona, por cualquier medio y por el plazo de 90 días.
El cuarto hecho ocurrió el 11 de enero pasado, entre las 20 y las 22. El imputado se presentó nuevamente en la vivienda de su expareja, manifestándole si podía quedarse, retirándose luego cuando la víctima llamo a la línea 148.
El quinto hecho ocurrió también el 11 de enero pasado. L.R.P le envió un mensaje de texto a la víctima amenazándola.
Con dichas conductas el imputado desobedeció una orden judicial dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, notificada al imputado el 12 de diciembre del 2022, donde se informaba la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros a la víctima y su grupo familiar, y de ejercer actos de violencia, perturbación y/o intimidación directa o indirecta contra su expareja y su grupo familiar, por sí o por interpósita persona, por cualquier medio y por el plazo de 90 días.
El 28 de diciembre pasado, un tribunal de impugnación resolvió por mayoría revocar la suspensión de juicio a prueba otorgada al imputado el 9 de septiembre de 2022 por un plazo de 18 meses y avanzar hacia el juicio, por incumplir las reglas de conductas impuestas.
En la audiencia de ayer, la representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para el imputado por el término de cuatro meses, indicando que se encuentran acreditados los tres riesgos procesales: es decir, la necesidad de resguardar la integridad de la víctima y su familia; el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación.
La jueza de garantías a cargo de dirigir la audiencia avaló el requerimiento de la fiscalía y dio por formulados los cargos en los términos solicitados. Además, dispuso el plazo de investigación en cuatro meses y fijó la prisión preventiva pero por el término de 10 días.
