Un nuevo precedente sobre los límites éticos de la tecnología en el derecho sacude a la provincia. La Cámara Provincial de Apelaciones de Zapala detectó una maniobra irregular en un expediente laboral: la inclusión de jurisprudencia inexistente, presuntamente creada mediante herramientas de inteligencia artificial. El caso ha sido derivado al Colegio de Abogados de Cutral Co para que se analice la responsabilidad profesional del involucrado.
La detección del fraude jurídico
El incidente ocurrió durante la revisión de una apelación en la causa "Almanza contra Video Drome SA". Al analizar los argumentos de la parte demandada, el vocal Manuel Castañón López advirtió inconsistencias en las fuentes citadas. Tras una verificación exhaustiva, se confirmó que al menos cinco de los fallos mencionados no figuran en los registros judiciales, tratándose de "alucinaciones" típicas de sistemas de IA que no fueron debidamente verificadas por el profesional.
El abogado detrás de este recurso es Antonio González Sad, un nombre con antecedentes significativos en los tribunales locales. Según los registros judiciales confirmados, González Sad ya ha enfrentado condenas previas que afectaron su carrera
Uno de las condenas fue por estafa. En 2013, fue sentenciado a 2 años y 8 meses de prisión efectiva como autor de estafas procesales reiteradas. En aquel proceso, el tribunal (integrado por Barroso, Furlotti y Troncoso) le prohibió ejercer la abogacía por el mismo periodo de la condena y unificó una sentencia previa que databa del año 2003.
El caso González Sad ganó espacio en los medio en 2.013, cuando se conoció la condena. Los jueces Barroso, Furlotti y Troncoso dispusieron la prisión preventiva de González Sad, ordenando de manera efectiva su inmediata captura y detención para el cumplimiento de la condena.
La decisión llegó tras un extenso proceso judicial donde se ventilaron maniobras de estafa que damnificaron a titulares y garantes de documentos comerciales. Durante la etapa de alegatos, el fiscal de Cámara, Santiago Terán, había solicitado una pena de 10 años de prisión.
El origen de la estafa
Los hechos por los que González Sad fue llevado a juicio ocurrieron en el año 2006. Según quedó acreditado, el condenado se presentó ante el Juzgado Civil N° 2 de Cutral Co para ejecutar el cobro de tres pagarés por montos de 1.053, 3.168 y 1.900 dólares respectivamente.
Las víctimas relataron que habían solicitado préstamos a un prestamista en Neuquén capital, identificado como Roberto Mancuso, antes del año 2000. A pesar de haber cancelado dichas deudas —que eran por montos sensiblemente menores—, los documentos fueron endosados a favor de González Sad, quien inició los reclamos judiciales obligando a los damnificados a responder económicamente por segunda vez.
Absolución por la duda en un tramo de la causa
Pese a la condena principal y el pedido de captura, el tribunal resolvió absolver a González Sad por el delito de “adulteración de instrumento privado equiparado a público” en tres de los hechos investigados. En este punto específico, los magistrados aplicaron el principio constitucional de la duda (in dubio pro reo), al considerar que no existían certezas suficientes para atribuirle dicho cargo técnico.
No obstante, la resolución por el delito de estafa fue contundente, derivando en la orden de detención en aquel momento.
Un debate sobre la ética y la tecnología
Este hecho se suma a una tendencia global de "negligencia digital", donde profesionales del derecho delegan la investigación técnica en algoritmos sin supervisión humana. En este caso, la Sala I de la Cámara de Zapala no solo desestimó los argumentos basados en citas apócrifas, sino que encendió las alarmas sobre la integridad de los procesos judiciales en la región.
Ahora, el Tribunal de Ética profesional deberá decidir si esta nueva falta, sumada a los antecedentes del abogado, amerita una nueva suspensión o sanción disciplinaria que limite su ejercicio en la matrícula.
