La Fiscalía de Delitos Económicos investiga un presunto esquema de contrataciones dirigidas para beneficiar a una empresa vinculada a funcionarios municipales. La Justicia advierte sobre el riesgo de entorpecimiento de la causa.
PLOTTIER – Tras la suspensión de la audiencia original, este lunes la Justicia neuquina avanzó formalmente en la investigación contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini. En una audiencia encabezada por la jueza Carina Álvarez, el Ministerio Público Fiscal presentó cargos por una serie de delitos que comprometen la transparencia de la gestión pública local.
El eje de la imputación
La fiscalía, bajo la hipótesis de una estructura montada para el desvío de fondos y beneficios particulares, imputó al jefe comunal por:
Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación abarca el período comprendido entre enero de 2024 y marzo de 2026. Se sospecha del direccionamiento sistemático de contratos hacia una firma privada cuyo propietario mantiene vínculos familiares directos con la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, quien también se encuentra imputada en el expediente.
Riesgo procesal y pedido de domiciliaria
Uno de los puntos más críticos de la audiencia fue el pedido de prisión domiciliaria para Bertolini por parte de la Fiscalía. El argumento central radica en la capacidad de influencia que el intendente y sus colaboradores mantienen sobre la estructura municipal.
Según el fiscal Pablo Vignaroli, se detectaron movimientos administrativos sospechosos incluso después de los allanamientos y el secuestro de documentación. “Siguen teniendo poder e influencia”, señaló la fiscalía, advirtiendo que la libertad de acción de los acusados pone en riesgo la integridad de las pruebas y podría condicionar los testimonios de empleados municipales que dependen jerárquicamente de ellos.
El futuro inmediato
La formulación de cargos marca el inicio de la etapa de investigación preparatoria. Durante este proceso, la Justicia deberá determinar si existió una coordinación deliberada para burlar los mecanismos de control en las contrataciones y si los fondos públicos fueron desviados para favorecer al entorno privado de los funcionarios.
Mientras la comunidad de Plottier sigue con atención el desarrollo del caso, el escenario político local queda en vilo, supeditado a la decisión de la jueza Álvarez sobre las medidas de coerción solicitadas y el curso de una causa que sacude los cimientos de la intendencia.
