La situación procesal de Agostina Páez, la joven abogada argentina detenida en Río de Janeiro bajo cargos de racismo, ha entrado en una fase crítica.

Según confirmó su nueva defensa, liderada por Carla Junqueira, la fiscalía brasileña busca una condena de 15 años de prisión, basándose en la sumatoria de tres delitos distintos cometidos contra tres víctimas diferentes en un mismo episodio.

El juicio y la estrategia de defensa

El proceso judicial tiene fecha de inicio para el próximo 24 de marzo. La nueva línea legal de Páez marca un quiebre absoluto con la estrategia anterior:

·Foco en Derechos Humanos: La defensa actual abandonó la táctica de cuestionar a las víctimas, entendiendo que en casos de discriminación este enfoque es contraproducente a nivel global.

·Cuestionamiento de la pena: Junqueira calificó de "desproporcionada" la intención de la fiscalía de aplicar un "concurso material" (sumar penas), argumentando que existen medidas menos severas para garantizar la justicia sin llegar a una condena tan extrema.

Un pedido de disculpas público

Tras casi dos meses bajo arresto domiciliario y monitoreada con una tobillera electrónica, Páez rompió el silencio a través de sus redes sociales. En un video, la joven de 29 años pidió perdón "de todo corazón" a quienes resultaron ofendidos por sus gestos en un boliche de Ipanema.

Páez admitió que su conducta fue grave y atribuyó su reacción inicial a la "ignorancia" sobre la profundidad y el dolor que causa el racismo. Según explicó su defensa, este pedido de disculpas no se realizó antes por consejo de sus antiguos abogados, quienes temían que el gesto fuera tomado como una confesión que agravara su situación.

Los antecedentes del hecho

El caso se viralizó en enero, cuando grabaciones de seguridad y teléfonos móviles captaron a la abogada realizando gestos racistas hacia ciudadanos brasileños. Ante la contundencia de las pruebas audiovisuales, la defensa actual considera "innegable" el acto y busca ahora que el arrepentimiento y la reflexión de la acusada sean tomados en cuenta por el tribunal para evitar el peor escenario carcelario.