La fiscal del caso Ana Mathieu formuló cargos a R.D.E, un hombre que atacó a golpes a José Luis Retamal en el interior de predio de una empresa de servicios en la ciudad de Añelo y le provocó la muerte.
La acusación la realizó hoy durante una audiencia en la que requirió que se le impongan medidas de coerción al acusado, como la prohibición de salir del país, aunque la jueza de garantías que dirigió la audiencia rechazó ese pedido.
La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) planteó que el hecho fue cometido el pasado 16 de noviembre, en el lugar donde funciona la empresa sobre la Ruta Provincial 17. Allí, alrededor de las 0.30, la víctima ingresó en estado de exaltación a la playa de estacionamiento y comenzó a dañar diversos vehículos, entre ellos el del acusado, un Fiat Cronos.
En este contexto, la víctima fue reducida por un guardia de seguridad y un chofer de la empresa, quienes lo dejaron en el piso inmovilizado, boca abajo y llamaron a la comisaría de Añelo.
Sin embargo, antes de que llegue el personal policial, el acusado R.D.E, fue hasta donde estaba la víctima y comenzó a darle golpes de puño y patadas con los botines con punta de acero que llevaba puestos, para luego subirse encima.
Como consecuencia de la violencia que ejerció, la cual quedó registrada por las cámaras de vigilancia de la empresa, le provocó a la víctima la muerte por traumatismo grave de cráneo con fractura del hueso temporal, aplastamiento de cuello posterior y asfixia mecánica por compresión de cuello con fractura de hueso hioides.
El delito que le atribuyó la fiscal del caso a R.D.E fue homicidio simple, en carácter de autor.
Como medida cautelar, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que se imponga la obligación a R.D.E de presentarse una vez a la semana en la comisaría de la ciudad de Río Negro en la que vive, y la prohibición de salir del país. Todo esto por existir riesgo de fuga.
La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Vanessa Macedo Font, avaló la formulación de cargos.
Sobre el pedido de las medidas cautelares requeridas por la fiscal del caso, la rechazó por considerar que no estaba acreditado el riesgo de fuga que invocó la representante del Ministerio Público Fiscal.
El plazo de investigación del caso se fijó en cuatro meses.
