Un sargento y un cabo primero fueron formalizados por un violento incidente ocurrido en enero pasado, donde se acusa el disparo a corta distancia contra un joven y la agresión con el bastón reglamentario a la mujer que lo acompañaba, en el marco de una discusión por el secuestro de una motocicleta.
El juez Diego Chavarría Ruiz formalizó la investigación penal preparatoria contra dos efectivos policiales de Buta Ranquil, un sargento identificado como A.M.B. y un cabo primero J.J., acusados de cometer el delito de vejaciones en el ejercicio de sus funciones públicas.
La teoría del Ministerio Público Fiscal, representada por la fiscal Natalia Rivera, sostiene que el violento episodio ocurrió en la madrugada del pasado 29 de enero en la plaza Olascoaga de la localidad, durante un procedimiento de secuestro de una motocicleta.
La acusación fiscal
Según relató la fiscal Rivera, los hechos se desencadenaron cuando un joven y una mujer se acercaron al móvil policial para consultar la razón por la que se llevaban el vehículo. La fiscal sostuvo que los efectivos tuvieron un “trato humillante y violento hacia las personas configurando actos de vejaciones cometidos por funcionarios públicos”.
La acusación detalla que el sargento A.M.B. le arrebató el celular a la mujer, quien estaba filmando el procedimiento, y lo arrojó dentro de la caja del móvil. Acto seguido, tomó una escopeta con cartuchos antitumultos y efectuó un disparo a corta distancia hacia los pies del joven, provocándole lesiones en ambas piernas.
La fiscal Rivera hizo hincapié en que esta acción “no se ajusta a la normativa vigente que regula el uso del armamento intimidatorio y disuasivo por la distancia y la dirección, conforme la resolución 700/2 de la Policía de Neuquén”.
Por otro lado, mientras la mujer intentaba recuperar su teléfono de la caja de la camioneta policial, el cabo primero J.J. “tomó su bastón reglamentario y le propinó al menos dos golpes, provocándoles hematomas en ambos glúteos”.
El juez Chavarría Ruiz dispuso que el plazo de la investigación preparatoria tenga una duración de cuatro meses, tiempo en el que la fiscalía buscará recolectar las pruebas necesarias para sostener la acusación.
