Una operación de amígdalas y adenoides que debía ser de rutina terminó con la vida de Facundo Barrios, un nene entrerriano de 3 años. El caso derivó en una causa judicial contra el médico Guillermo Gabriel Riolo, acusado de homicidio culposo, pero a pesar de la suspensión de su matrícula en Entre Ríos, el profesional continúa atendiendo pacientes en el hospital público de Caleta Olivia, Santa Cruz.

El hecho ocurrió el 19 de septiembre de 2024 en la Clínica del Sol, ubicada en la localidad de Bovril, a unos 125 kilómetros de Paraná. Los padres de Facundo habían seguido todas las derivaciones médicas y confiaron en Riolo para mejorar los problemas respiratorios y de alimentación de su hijo. Sin embargo, la investigación reveló que el especialista tenía prohibido operar en clínicas de la capital provincial, que sí contaban con terapia intensiva y banco de sangre. Para ocultar esa restricción, habría justificado la derivación a Bovril con supuestos inconvenientes de turnos y obra social.

El día de la cirugía, el niño ingresó en ayunas tras más de 12 horas de espera. Riolo llegó dos horas tarde y tenía programadas cuatro intervenciones en la misma jornada. Antes de Facundo, operó a otro chico de 9 años que también sufrió complicaciones.

La operación comenzó recién a las 16.10. Una hora después, el médico abandonó el quirófano y fue visto fumando y comprando en un kiosco cercano, según registros de cámaras de seguridad. Poco más tarde, los familiares recibieron la primera advertencia: un sangrado que se agravó por la falta de infraestructura del centro privado, que no disponía de terapia intensiva, banco de sangre ni ambulancia propia.

Durante el procedimiento se produjo una lesión en la arteria carótida del menor, lo que desencadenó una hemorragia masiva. El traslado de urgencia se hizo en condiciones precarias: una ambulancia privada sin equipamiento y el propio médico siguiendo el recorrido en su vehículo particular. Cuando Facundo llegó al Sanatorio del Niño de Paraná, los especialistas intentaron estabilizarlo con transfusiones y nuevas cirugías, pero ya presentaba muerte cerebral. Una semana después falleció por falla multiorgánica.

La autopsia confirmó que la causa fue el desangrado y la imposibilidad de recibir asistencia adecuada en el primer establecimiento. La justicia de La Paz imputó a Riolo por homicidio culposo, delito que contempla penas de uno a cinco años de prisión e inhabilitación profesional. Durante su indagatoria, el médico optó por no declarar.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos abrió un sumario administrativo que culminó en su expulsión del Hospital San Martín en febrero de 2025, medida ratificada por el gobernador. El médico también perdió su matrícula provincial, tras acumular más de 50 inasistencias injustificadas en años anteriores.

Sin embargo, su habilitación en otras jurisdicciones continúa vigente. Actualmente ejerce en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia, en Santa Cruz, y también mantiene matrícula activa en Chubut. Desde el gobierno santacruceño señalaron que, al no existir aún una condena firme ni una prohibición judicial específica, Riolo no incumple requisitos legales para trabajar, aunque aclararon que el caso está bajo seguimiento administrativo.

El médico arrastra además otras causas penales y está mencionado en una denuncia previa de 2019. Mientras la causa por la muerte de Facundo avanza hacia el juicio oral, la familia del niño insiste en su reclamo de justicia: “Entró jugando al quirófano y salió con muerte cerebral. No podemos permitir que esto quede impune”, expresaron sus allegados.