Una mujer de 65 años, dueña de un kiosco en Lomas de Zamora, descubrió una trama de fraude y traición que la dejó al borde de un colapso. En un intento por solicitar una tarjeta de crédito, Rosa (nombre ficticio para proteger su identidad) se enteró que su propia hija le había robado el DNI y, en un lapso de tres meses, había tramitado 19 créditos personales, acumulando una deuda que hoy asciende a unos $9 millones.
La maniobra y la complicidad bancaria
Todo comenzó cuando Rosa intentó abrir una cuenta en un banco y se encontró con la sorpresiva respuesta de que ya figuraba como cliente. La mujer, asombrada, negó cualquier vínculo con la entidad. Sin embargo, la investigación bancaria interna reveló que una cuenta había sido creada de forma online, utilizando sus datos biométricos y el DNI. Las sospechas cayeron de inmediato sobre su hija, quien manejaba los trámites y pagos de la familia y a quien Rosa había confiado su rostro para los controles iniciales.
El abogado de la víctima, Diego Proietti, acusó a la entidad financiera de negligencia. El banco concedió los 19 préstamos de manera automática, sin aplicar los controles de seguridad necesarios ni respetar el plazo de 48 horas exigido por el Banco Central para evitar fraudes. Los fondos obtenidos fueron transferidos de inmediato a una cuenta personal de la hija, sin que Rosa tuviera conocimiento de la operación. Cuando los pagos se volvieron impagables, la joven, haciéndose pasar por su madre, incluso logró refinanciar la deuda en 36 cuotas por teléfono.
El drama familiar y la batalla judicial
Rosa se enteró de la estafa en marzo de 2025 y el impacto fue devastador. La noticia de que su propia hija la había traicionado, utilizando una cuenta que ya le había vaciado anteriormente para cubrir deudas de juego, la dejó "quebradísima". La mujer, que tuvo que sacar un préstamo para cubrir las primeras cuotas de los créditos fraudulentos, debió echar a su hija de la casa y cortar todo tipo de relación. A pesar del dolor, Rosa decidió denunciar penalmente a su hija por suplantación de identidad y fraude.
En el plano legal, el caso tuvo un primer gran avance. El Juzgado Comercial N° 14 dictó una medida cautelar a favor de Rosa, frenando de inmediato las acciones del banco. La resolución prohíbe a la entidad cobrarle cualquier cuota, sumar intereses, ejecutar la deuda o reportarla de forma negativa al Banco Central. Para el abogado, este fallo es crucial, ya que "demostró que no fue la señora quien contrajo la deuda". La defensa ahora avanza con una demanda civil para que el banco asuma la cancelación total de los préstamos y pague una indemnización por daños morales y punitivos que podría superar los $4,5 millones.
