Mediante un acuerdo de partes presentado por la asistente letrada Carolina Gutiérrez, Franco Nazareno Montoya fue declarado penalmente responsable por el homicidio de su expareja, Valeria Roxana Lobos.

De acuerdo a la teoría del caso, el hecho fue cometido el 12 de octubre de 2024 y la mujer falleció el 18 de diciembre del mismo año, tras permanecer más de dos meses internada en terapia intensiva.

Montoya, el 12 de octubre entre las 21:20 y las 21.50, discutió con su expareja en la vivienda donde convivían, ubicada en la ciudad de Centenario. Luego, le efectúo un disparo en el abdomen con la intensión de asesinarla pero en ese momento no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad.

Al inicio de la investigación, la fiscalía imputó a Montoya por el delito de homicidio agravado por femicido y por uso de arma de fuego. En la audiencia de hoy, el juez de garantías Luis Giorgetti, no tuvo por valido el agravante de femicidio y lo desestimó. Por este motivo, el delito por el cual se acordó la responsabilidad es homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor (artículos 79, 41 bis y 45 del código Penal).

El acuerdo de responsabilidad contó con el aval de la abogada querellante particular, que representa a la familia de la víctima, y la abogada defensora de Montoya, se manifestaron a favor.

La pena que deberá cumplir se discutirá en los próximos días.

Entre la prueba que la asistente letrada detalló para acreditar los hechos se encuentran declaraciones testimoniales, de efectivos policiales, médicos y peritos, además de documental y secuestros.

Montoya llegó a la audiencia detenido en prisión preventiva, impuesta por la existencia de riesgo de fuga por no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia, homologó el acuerdo y declaro la responsabilidad penal como fue solicitado.

Con la resolución adoptada por el juez, en los próximos días la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la realización del juicio de cesura, en donde se deberá determinar la pena que le corresponde cumplir.