La Fiscalía de Cutral Co acusó a dos hermanos por el asalto y posterior homicidio de Mariano Daniel Ibarra, el camionero de Buenos Aires que falleció tras ser baleado en un robo. A pesar de la gravedad del hecho, el juez dictó prisión domiciliaria para ambos imputados mientras avanza la investigación.
El trágico suceso ocurrió el pasado lunes 2 de junio, hace poco más de un mes, en la calle General Paz, entre 13 de Diciembre y Maestros Neuquinos. Esa mañana, alrededor de las 8, Ibarra, de unos 40 años y oriundo de Coronel Dorrego, Buenos Aires, realizaba una entrega de harina en un comercio para la empresa Zabalegui de Bahía Blanca.
Según la acusación de la fiscal Mayra Febrer, mientras dos compañeros descargaban mercadería del camión, los dos imputados, portando armas de fuego, rompieron un vidrio del vehículo.
Sustrajeron un celular, elementos personales y 200 mil pesos en efectivo. Acto seguido, dispararon a Ibarra en tres ocasiones, provocándole una herida de bala en el tórax.
El camionero fue trasladado de urgencia al Hospital Complejidad VI de Cutral Co y, días después, derivado a una clínica en Neuquén capital, donde luchó por su vida durante 28 días. Su fallecimiento, conocido esta semana, aceleró la búsqueda y detención de los sospechosos, quienes fueron individualizados en el marco de la investigación.
Acusación y Medida Cautelar
La fiscal Febrer imputó a los hermanos como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez Lisandro Borgonovo la prisión domiciliaria para los acusados. La fiscal argumentó que existían riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, principalmente por la gravedad del delito y porque, al conocerse la muerte de la víctima, ambos acusados tenían intenciones de abandonar Cutral Co.
Febrer también señaló que, si bien correspondería la prisión preventiva, "conforme nos han informado distintas comisarías, no hay lugar" para albergarlos.
Tras escuchar a las partes, el magistrado Borgonovo formalizó los cargos y dio inicio a la investigación, fijando un plazo de cuatro meses para su desarrollo. Además, avaló la solicitud de prisión domiciliaria, fundamentando su decisión en los riesgos de fuga y entorpecimiento planteados por la fiscalía.
