Con el alegato de apertura del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, comenzó el juicio por jurados populares contra un docente acusado por cometer abusos sexuales en un jardín de infantes de la ciudad de Neuquén.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal, que es el responsable de impulsar la acusación, manifestó que “a lo largo del juicio vamos a demostrar que los hechos ocurrieron y que la persona que se encuentra acusada es culpable”.
Para la producción de la prueba se recibirán cerca de 120 testimonios entre los cuales se encuentran los de las víctimas a través de cámara Gesell, familiares de las víctimas, testigos, peritos y profesionales de diversas áreas que intervinieron en la investigación.
El juicio se realiza desde hoy y hasta el 5 de noviembre en principio. Una vez concluido el debate y tras la producción de la prueba, el jurado deberá resolver si el imputado es culpable o no.
En una audiencia realizada la semana pasada, se conformó el jurado popular con todos y todas sus integrantes: 12 titulares y 6 suplentes en igualdad de género. Para este juicio se incorporaron 6 personas suplentes (cuando por lo general suelen ser 4) debido a la extensión del juicio y de modo preventivo ante eventuales contratiempos, ya que durará tres semanas.
La persona imputada por el Ministerio Público Fiscal es W.G.H, a quien se le atribuyeron un total de 23 hechos independientes en concurso real: 19 abusos sexuales simples, 2 con acceso carnal y 2 gravemente ultrajantes, en todos los casos agravados por la calidad de educador del imputado (artículo 119; 45 y 55 del Código Penal).
En principio eran 24 casos pero uno de ellos fue excluido por la fiscalía por el beneficio de la duda.
La teoría del caso de la fiscalía, representada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, la asistente letrada Vanesa Muñoz y la agente Carla Prevedi, es que entre marzo y julio de 2022, W.G.H se aprovechó de su condición de encargado de la educación de niños y niñas durante el dictado de la clase de música y cometió los abusos en un jardín de infantes de la capital provincial. A esta hipótesis, adhirieron la defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia y las abogadas y abogados querellantes, quienes representan a las víctimas y sus familias.
