La decisión de la Secretaría de Comercio de retrotraer al 1 de octubre y congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos, tras advertir "aumentos generalizados irrazonables", obtuvo el apoyo de empresarios, políticos, gremialistas y economistas de distintas líneas.

Empresarios, políticos, gremialistas y economistas de distintas líneas coincidieron en respaldar la decisión de la Secretaría de Comercio de retrotraer al 1 de octubre y congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo, tras advertir "aumentos generalizados" que "resultan irrazonables", según la Resolución 1050/2021 publicada en el Boletín Oficial.

En declaraciones a Télam, el economista Sergio Chouza consideró "importante y apropiada" en un "contexto complejo" la decisión del Gobierno nacional, y señaló que hubo aumentos "injustificados" en algunos productos básicos.

"Como disposición de emergencia, como medida en un contexto complejo, me parece importante y apropiada", indicó el economista, y agregó que los incrementos registrados previos al acuerdo fueron "injustificados", ya que "el escenario en lo macroeconómico no justifica los pasajes de precios desmedidos".

Su colega Martín Burgos dijo a Télam que el "acuerdo sirve como techo" y que "la idea es que los precios que están en el Boletín Oficial (en el anexo de la Resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior publicada este miércoles), sean los precios de referencia de acá hasta enero".

Dijo también que los aumentos aplicados en esos productos fueron "especulativos", y que "hay cierta injusticia" en los planteos realizados desde algunos sectores productivos porque se trata de empresas a las que "ayudó mucho el Gobierno durante el año pasado", en el marco de la pandemia, "al permitirles el pago de deuda a tipo de cambio oficial".

Por su parte, el senador provincial Francisco Durañona reiteró en diálogo con radio Télam la importancia de federalizar los controles de precios, y reclamó por la sanción de un proyecto en la Legislatura provincial para dar a los municipios las herramientas para ejercer el control de precios.

"El único organismo de contralor en materia de precios es la Secretaría de Comercio Interior lo cual hace absolutamente inviable, imposible, que se implemente correctamente un esquema de precios a nivel territorial" dijo Durañona.

El senador impulsó un proyecto para "otorgarles a los municipios herramientas para poder controlar y sancionar abusos en los precios, incumplimientos en acuerdo de precios, el cumplimiento de la ley de Góndolas, hipotéticamente de cualquier ley que pueda surgir en defensa de los consumidores como por ejemplo el etiquetado frontal".

Desde la provincia el ex secretario de Comercio nacional y actual ministro de Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, consideró que el congelamiento "es una medida que atiende una necesidad" y busca "dar una señal a todos los consumidores".

A su vez, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, sostuvo en diálogo con Télam Radio que su sector "está cansado de cambiar precios" ante los aumentos que encontraban en los distribuidores mayoristas.

"Si esto no se respeta de parte de nuestros proveedores, nosotros lo que vamos a hacer es enviar esa nueva lista con aumento o esa nueva boleta con un producto aumentado a la Secretaría de Comercio", subrayó.

El dirigente pyme explicó que "no lo hacemos como policía y menos como inspectores", sino que "simplemente porque somos los que ponemos la cara frente al cliente cuando hay cambios de precio y uno ve la bronca, la impotencia y la desconformidad".

En tanto, el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, subrayó que se trata de una medida que cuenta con el respaldo de las organizaciones que integran la CGT porque "busca que el pueblo no pase tanta hambre".

"La CGT apoya el congelamiento de precios que decidió el Gobierno. Es una medida que deben apoyar todos los sectores. Los que más tiene deben aportar para que la sociedad no pase tanta hambre", agregó el líder del gremio de Camioneros en declaraciones formuladas a El Destape Radio.

En ese sentido, postuló: "Parece que nos olvidamos que en este país tuvimos dos pandemias. La del macrismo y después tuvimos la de la Covid. Acá parece que hay gente que actúa como si no hubiera pasado nada".

Por otro lado, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Córdoba, Hector Morcillo, sostuvo en diálogo con Télam Radio que "toda medida que tienda a proteger el poder de compra de la canasta familiar, obviamente merece nuestro apoyo y nuestra convicción de que se tiene que sentar a todos los sectores a los fines de acordar una política que proteja al ingreso de las familias más vulnerables".

"Siempre hemos sostenido que tiene que haber un acuerdo donde participe toda la cadena de elaboración, de producción, distribución y comercialización para determinar cuál es el precio al consumidor porque nadie se hace responsable de los aumentos, pero los aumentos de precios existen y cada día son mayores", agregó Morcillo.

La medida "ayuda a cuidar el bolsillo del consumidor" al fijar un techo de referencias para los precios de los alimentos, indicó por su parte el economista e investigador asociado del Conicet, Alfredo Schclarek Curutchet, también en diálogo con Télam.

"Cuando hay una inflación moderada-alta como la que estamos viviendo, uno pierde un poco la referencia de cuál es un precio correcto o aceptable, y en ese sentido este programa ayuda a cuidar el bolsillo del consumidor, que teniendo estos precios de referencia, puede tomar la decisión de compra", agregó.