Uno de los objetivos planteados por la Ley Yolanda de planes de capacitación a funcionarios apunta a que el sector público y privado trabajen en forma conjunta para garantizar un desarrollo sostenible.

Los sectores público y privado deben trabajar en forma conjunta para garantizar un desarrollo sostenible, uno de los objetivos planteados por la Ley Yolanda de planes de capacitación a funcionarios, coincidieron referentes de las áreas productivas, científico-académicas y públicas.

"Con especial énfasis en cambio climático y desarrollo sostenible, la capacitación (prevista en la ley) busca interpelar las formas de intervenir desde las políticas públicas desarrollando capacidades para la toma de decisiones informadas y ambientalmente responsables", explicaron a Télam desde el Ministerio de Ambiente de la Nación.

La Ley Yolanda -sancionada a fines de 2020- está destinada a todas y todos los funcionarios y empleados que se desempeñan en la función pública del Estado Nacional, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Para garantizar su cumplimiento, indicaron las fuentes, la cartera que conduce Juan Cabandié -como autoridad de aplicación- es responsable de "capacitar a las máximas autoridades nacionales y de certificar la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo".

"Nos encontramos terminando el proceso de consulta para la construcción de los lineamientos generales, con una amplia participación y validación de las instituciones científico académicas y de organizaciones de la sociedad civil que realizaron sus aportes y sugerencias desde sus singulares trayectorias y perspectivas consolidando el documento de base que guiará a las diversas capacitaciones que se realicen", completaron.

En ese sentido, esta semana representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresaron a Cabandié su preocupación sobre los "ejes epistemológicos" presentados por la cartera para implementar la norma. "Meter al ambiente en los negocios no es un costo mayor sino diferente, que se comparte entre lo público y lo privado, y cambia la lógica del sistema productivo"

En diálogo con Télam, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del CAA, explicó que la preocupación se centró en "algunas palabras que hablaban de reemplazar los actuales sistemas de trabajo que tiene la agricultura argentina, que podían dar a entender que había una ideologización de los sistemas de protección al medio ambiente".

Según Martins, Cabandié aclaró que "de ninguna manera se pretende reemplazar los actuales sistemas a sabiendas que un buen sistema de agricultura es necesario para generar alimentación, divisas, empleo; sí tenemos que trabajar en conjunto para que no haya excesos ni daños al medio ambiente".

Consultado por Télam, el profesor de Economía Ambiental de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) Daniel Tomasini consideró que la iniciativa ha sido una "evolución" que "costó muchos años" y fue fruto de "una pelea muy fuerte".

Para Tomasini, "antes nadie quería plantear el tema porque veía que se venían restricciones, pero el tema del cambio climático provocó un giro importante" en la discusión, "amalgamó a todo el mundo".

Según Martins, la idea de "ir hacia un tipo de agricultura que sea complementaria y que tenga que ver con alguna de las demandas mundiales de productos orgánicos hay que atenderla".

Pero, aclaró, ese tipo de demandas "son mínimas y que requieren mucha inversión", y es importante "tener reglas de juego claras, estables en el tiempo, sostenibles", para hacer frente a ese tipo de planteos y satisfacer esa demanda que "no siempre paga las primas necesarias para cubrir los costos" que implica una agricultura de ese tipo.

En ese aspecto, Tomasini consideró que "lo que pueda estar haciendo para optimizar económica o productivamente cada sector, también hay que pensarlo desde el punto de vista ambiental".

"Hay una inequidad en el tema ambiental muy grande, que desafía a las empresas y sectores a ver cómo producir sin impacto ambiental o reducir ese impacto; no tenemos alternativas", señaló el catedrático.

Además, afirmó, "meter al ambiente en los negocios no es un costo mayor sino diferente, que se comparte entre lo público y lo privado, y cambia la lógica del sistema productivo".

"Ese costo mayor que pueda tener ese productor o empresa tendría que estar apuntalada por el resto de la sociedad, es decir por el Estado. a través de normas, restricciones, subsidios, incentivos, desincentivos, bonos verdes, hay miles de instrumentos, no hace falta que sea con plata", indicó.

Finalmente, Tomasini aseguró que "es un momento para discutir este tema, que se capacite la gente, trabajar con un criterio ambiental y socialmente justo; el ambiente no es gratis, tenemos que estar dispuestos a pagar por él".

"Quedamos en trabajar en conjunto; seguir intercambiando información; lo positivo es que este diálogo nos permite -si hay barreras- tratar de ir corriéndolas, porque lo que necesita el país -en eso estuvo de acuerdo el ministro Cabandié- es crecer en valor agregado a través de exportación, permitir un mayor ingreso de divisas y, sobre todo, generar trabajo en el interior del país", completó Martins.