Tras las elecciones, el Gobierno nacional se prepara para implementar una profunda reconfiguración del mercado eléctrico argentino, cuyo eje principal será la dolarización del pago a las generadoras. La medida promete estabilidad para los hogares, aunque especialistas advierten que provocará un salto de costos para comercios, pymes e industrias, estimado en hasta 800 millones de dólares anuales, según cálculos de la Secretaría de Energía.

La reforma establece una división del sistema en dos grandes segmentos. Por un lado, el mercado estacionalizado, que agrupa a usuarios residenciales y a no residenciales de menor consumo —como clubes, cooperativas o pequeños comercios—, que continuarán comprando la energía a través de Cammesa, con tarifas reguladas. Por otro, el mercado desestacionalizado, integrado por grandes usuarios industriales, que podrán contratar directamente con las generadoras a precios libres en dólares, sin intermediación estatal.

El cambio en la lógica de precios

El nuevo esquema deja atrás el modelo de precio promedio de generación que regía hasta ahora y por el cual el Estado abonaba un valor uniforme a todas las centrales. En su reemplazo, el precio será determinado por la última planta que ingrese al despacho eléctrico —generalmente una termoeléctrica que utiliza gasoil—, lo que implica que toda la energía del sistema se pagará al valor más alto disponible.

Con esta modificación, los precios del segmento dolarizado quedarán directamente atados a la cotización del dólar, y los valores del mercado regulado podrán ajustarse con mayor frecuencia ante movimientos cambiarios o fiscales.

Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto de Diputados, Daniel González, coordinador del área de Energía, reconoció que bajo esta lógica de “recomposición de balances” los grandes usuarios enfrentarán subas promedio del 15% anual, con incrementos de hasta 35% en los meses de invierno.

Un informe interno de la Secretaría de Energía, firmado por el director nacional del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, advierte que el nuevo esquema “favorece la estabilidad del segmento residencial”, pero genera “mayor volatilidad y necesidad de cobertura contractual” en los sectores no residenciales.

Riesgos y antecedentes

Según el mismo documento, la reforma podría incrementar los ingresos del sistema eléctrico en hasta 785 millones de dólares al año. Sin embargo, analistas energéticos y exfuncionarios advierten que la dolarización plena de la generación expone al país a fuertes riesgos financieros y jurídicos, dada la fragilidad cambiaria de la economía argentina.

“La supuesta estabilidad para los hogares es un espejismo: cada devaluación se traduce en un nuevo tarifazo”, explicó un exfuncionario del área consultado.

Datos de estudios recientes señalan que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, las facturas de gas natural aumentaron 799% para usuarios residenciales y 992% para comercios y pymes, mientras que la energía eléctrica subió 524% y 570%, respectivamente. En paralelo, más de dos millones de hogares perdieron los subsidios eléctricos y 705 mil el beneficio para el gas.

El principal desafío radica en el descalce entre los contratos dolarizados y la economía real pesificada. Cuando el Estado no logra cubrir los pagos en dólares a las generadoras, la deuda se acumula y la brecha cambiaria aumenta la presión sobre el Tesoro.

El antecedente inmediato de un escenario similar se remonta a la crisis de 2001, cuando los contratos dolarizados del sector energético derivaron en múltiples demandas internacionales ante el CIADI. Los expertos advierten que, de repetirse el desbalance entre tarifas y tipo de cambio, Argentina podría enfrentar nuevamente litigios con empresas extranjeras.

En este contexto, la promesa oficial de estabilidad para los hogares se enfrenta a un riesgo evidente: una economía cada vez más dolarizada, con tarifas sensibles a cualquier salto del tipo de cambio.