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La tensión entre el oficialismo y la oposición escaló a un nuevo nivel de confrontación judicial luego de que el Gobierno nacional confirmara que presentará una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade. El conflicto se originó durante la última sesión informativa en la Cámara de Diputados, donde se revelaron datos sobre la logística de seguridad que rodea a la familia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un hecho que el Poder Ejecutivo califica como una "exposición temeraria" de información reservada.

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Con una convocatoria que superó las expectativas de sus propios organizadores, el peronismo federal realizó este viernes un masivo lanzamiento en Parque Norte, CABA. El encuentro, que reunió a más de 4.000 dirigentes de todo el país —incluyendo intendentes, legisladores nacionales y representantes de la CGT—, se posicionó como una alternativa de centro frente a la creciente disputa entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. (Fuente y foto LPO)

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La gestión de los recursos públicos en las empresas estatales vuelve a quedar bajo la lupa judicial tras una presentación formal realizada por el diputado nacional Esteban Paulón. La denuncia apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el vocero presidencial Manuel Adorni, y el ex titular de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Demian Reidel, por el presunto uso irregular de tarjetas de crédito corporativas para cubrir gastos de índole personal y consumos de lujo en el exterior.

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Lo que comenzó como una filtración administrativa en los pasillos del Pentágono ha escalado hasta convertirse en una demostración de fuerza militar en el Atlántico Sur. Sir Richard Knighton, jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), ratificó que la soberanía de las Islas Malvinas es "innegociable" y confirmó que las fuerzas británicas se encuentran en estado de máxima alerta para neutralizar cualquier desafío a su control territorial.

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La Unión Cívica Radical (UCR) enfrenta una de sus crisis internas más agudas en materia de género y principios doctrinarios. Un colectivo federal de más de 1.700 dirigentas, funcionarias y militantes de todo el país ha formalizado un rechazo categórico a la iniciativa impulsada por la senadora nacional Carolina Losada. El proyecto, que propone agravar las penas ante presuntas denuncias falsas de abuso y violencia, es interpretado por las bases femeninas del partido como un "retroceso histórico" y una vulneración directa a los derechos de las víctimas.

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