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La situación judicial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo restrictivo. El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a una solicitud de urgencia presentada por el fiscal Gerardo Pollicita y decretó la prohibición de salir del territorio nacional para el exfuncionario. La medida cautelar se activó a raíz de versiones que sugerían un posible viaje o mudanza de Adorni hacia el Uruguay en medio del avance de la investigación en su contra.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó el inicio de un nuevo esquema de reclamos contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la decisión lejos estuvo de traer paz a Azopardo. La adopción de una estrategia de "paros a la francesa" —medidas de fuerza intermitentes, sectoriales y prolongadas en el tiempo— reavivó una interna colmada de recelos, pases de factura y desconfianza mutua entre las distintas vertientes de la conducción.

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Un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, generó revuelo y duras réplicas en las plataformas digitales. El funcionario buscó resaltar los cambios visuales introducidos por la Ley de Modernización Laboral, pero la atención de los usuarios se centró rápidamente en el magro poder adquisitivo que reflejaba la imagen compartida.

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La Justicia federal dio un paso clave en la investigación que busca esclarecer un millonario desvío de fondos en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera). En una reciente resolución, el juez Sebastián Casanello ordenó inhibir los fondos bancarios de la firma HTECH Innovation y convocó a declaración indagatoria a su principal responsable, Sergio Aguirre, quien mantiene vínculos comerciales con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Un reciente estudio de opinión pública encendió las alarmas en el Gobierno nacional al revelar el nivel de desaprobación más alto para la actual administración desde su asunción. El relevamiento expone el fuerte impacto que tienen la pérdida de poder adquisitivo y las denuncias de corrupción en la percepción de los ciudadanos.

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