Mientras el fuego devora 3.000 hectáreas en Chubut, legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda alertan sobre un recorte del 70% en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El conflicto escala por la intención del Gobierno de derogar la ley que frena la especulación inmobiliaria en zonas quemadas.
La catástrofe ambiental que atraviesa la Comarca Andina ha saltado de los bosques al Congreso de la Nación. En un clima de extrema tensión, diputados y senadores del arco opositor presentaron un proyecto de ley para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. La iniciativa no solo busca paliativos inmediatos, sino que denuncia lo que califican como un "desmantelamiento planificado" de las políticas de prevención.
Los números del ajuste: ¿Presupuesto o cenizas?
El núcleo del reclamo opositor se apoya en las cifras de ejecución presupuestaria del gobierno de Javier Milei. Según informes del CEPA y datos del bloque Fuerza Patria, el desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego es drástico:
·Recorte acumulado: En 2024, la ejecución real fue un 81% menor que en 2023. Para 2025, la caída fue del 70,8%.
·Proyección 2026: El presupuesto recientemente aprobado consolida un ajuste del 70,7% respecto al último año de la gestión anterior.
·Subejecución: Durante 2025, el Gobierno solo utilizó el 48,2% de los fondos que tenía disponibles para prevenir incendios, dejando la mayor parte del crédito sin usar mientras los focos avanzan en el sur.
"Estamos ante una combinación letal: crisis climática, especies invasoras y un Gobierno que vino a destruir el Estado", sentenció el abogado ambientalista Enrique Viale.
El conflicto por el uso del suelo: ¿Fuego o negocios?
Uno de los puntos más álgidos de la disputa es la intención oficial de derogar la Ley de Manejo del Fuego. Esta norma, modificada en 2020, prohíbe cambiar el uso del suelo en tierras incendiadas por hasta 60 años, una medida diseñada para evitar que se provoquen incendios intencionales con fines de especulación inmobiliaria o agroindustrial.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la postura del Ejecutivo argumentando que dicha prohibición "atenta contra la producción". Por su parte, Máximo Kirchner, autor de la reforma de 2020, respondió con dureza: "La única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego para expulsar productores y entregar tierras al lobby inmobiliario".
La propuesta de Emergencia: Alivio fiscal y brigadistas
El proyecto impulsado por la diputada Adriana Serquis y el senador Martín Soria contempla medidas de shock para los próximos 180 días:
1.Asistencia Directa: Duplicación de asignaciones de ANSES para damnificados y líneas de crédito blando para los sectores turístico y productivo, devastados en plena temporada alta.
2.Sueldos de Brigadistas: El proyecto exige una recomposición salarial urgente. En noviembre, el sueldo inicial de un combatiente de incendios era de apenas $860.000, una cifra considerada insuficiente frente al riesgo y la carga horaria que impone la catástrofe.
3.Distribución de ATN: La oposición cuestiona que durante 2025 el Gobierno repartió $199.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional a provincias que no atravesaban emergencias, mientras que hoy la Patagonia clama por recursos que no llegan.
El obstáculo legislativo
A pesar de la urgencia, el camino parlamentario es sinuoso. El Congreso retomará actividad el 2 de febrero en sesiones extraordinarias, pero el temario está limitado a lo que disponga la Casa Rosada. Si el Ejecutivo no incluye la Emergencia Ígnea en la agenda, el debate podría postergarse hasta marzo, cuando —según los expertos— el daño ambiental ya podría ser irreversible.
Mientras la política debate en Buenos Aires, en El Hoyo y Epuyén los brigadistas siguen luchando con recursos limitados para evitar que el fuego alcance la subestación eléctrica que mantiene con luz a toda la región.
