Un complejo entramado comercial y judicial envuelve el cierre de uno de los bodegones más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. El titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, Fernando D'Alessandro, dictó la quiebra oficial de la firma El Resto de Corrientes S.R.L., la sociedad que explotaba el tradicional restaurante fundado en 1952 sobre la avenida Corrientes.
La resolución se firmó el pasado 17 de junio de 2026, pero la polémica escaló tras comprobarse que el negocio volvió a abrir sus puertas a pocas cuadras, en la calle Paraná 350, bajo la sospechosa denominación de "Palacio de las Papas Fritas". Esta reapertura encendió las alarmas de la sindicatura y del magistrado por presuntas irregularidades procesales.
Del concurso preventivo al desalojo silencioso
La debacle financiera de la firma arrastraba un largo historial. En noviembre de 2024, la empresa había solicitado la apertura de su concurso preventivo con la intención de renegociar sus pasivos. Sin embargo, en paralelo corría una demanda de desalojo iniciada por los propietarios del local histórico de la avenida Corrientes ante la falta de renovación del contrato.
La entonces gerenta de la sociedad, Rosalba Aidé Ríos Amarilla, informó al tribunal que el 3 de marzo de 2026 se formalizó la devolución del inmueble tras alcanzar un acuerdo de conciliación. En esa misma presentación, la directiva argumentó que la actividad comercial se trasladaría a la sede de Paraná 350 para abaratar costos, una mudanza que también anunciaron a sus clientes a través de las redes sociales.
Pese a las promesas, la empresa nunca presentó el nuevo contrato de locación ante la Justicia, un incumplimiento que agravó de forma definitiva su condición legal.
Las graves denuncias de los empleados
La clausura del establecimiento original distó mucho de ser una relocalización ordenada. Los trabajadores de la firma se presentaron ante el juzgado para denunciar que el cese de actividades los tomó por sorpresa y bajo maniobras fraudulentas:
Bloqueo del ingreso: Los dependientes relataron que se enteraron del cierre al presentarse a su jornada laboral y encontrar la fachada del restaurante completamente tapiada, lo que les impidió recuperar pertenencias personales, dinero y su indumentaria de trabajo.
Maniobras de vaciamiento: Los empleados acusaron a la patronal de vender el stock de mercadería de manera clandestina, sin declarar los ingresos en el expediente del concurso, y cuestionaron severamente las modificaciones en la gerencia y el repentino cambio de domicilio fiscal.
Ocultamiento de activos: La Justicia no pudo constatar el estado real de los bienes muebles del restaurante debido a que la empresa se negó a entregar las llaves de una baulera ubicada en la calle Zuviría, donde supuestamente se resguardó el equipamiento.
El rol de la sindicatura y el valor de la marca
La síndica del proceso, Liliana Montoro, recolectó numerosas inconsistencias durante la verificación. Al momento de la quiebra, la firma registraba un plantel de 20 operarios en blanco, acumulaba 11 demandas en el fuero laboral y mantenía abultadas deudas con el sistema previsional.
Ante la falta de documentación sobre el nuevo destino comercial, Montoro solicitó de forma directa la quiebra y la preservación de los activos de la baulera para resguardar los créditos de los trabajadores.
Asimismo, la lupa judicial se posó sobre la marca original "El Palacio de la Papa Frita", considerada el activo más valioso de la quiebra. La sindicatura solicitó informes urgentes al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para detectar si existieron transferencias ocultas, contratos de franquicias o cesiones irregulares de los derechos de uso, una sospecha que cobra fuerza ante la inauguración del local con nombre similar en la locación previamente señalada.
