Un grupo de padres y estudiantes del CPEM 6 se dio cita esta mañana en las puertas del colegio para entregar un petitorio a las autoridades escolares.

Familiares del chiquito lesionado indicaron que "la preceptora me llama para preguntarme como está mi sobrino, vine porque necesitamos seguridad para los chicos".

Luego indicó que "hoy a la mañana me entero que el menor ya habia tenido conflictos en esta escuela el año pasado, resulta que este año el menor vuelve a ingresar al establecimiento, no informaron que el nene ya tenía problemas y lo sabían porque hay actas".
"Estamos pidiendo seguridad para los chicos, para que no vuelva a suceder lo que le pasó a mi sobrino, el está estable, anoche tuvo una crisis, un dolor muy fuerte en el brazo, le están poniendo morfina", sostuvo.

En texto completo del petitorio, es el siguiente: 

"Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación por la situación vivida por los estudiantes de esa institución educativa, quienes fueron testigos directos de un hecho de extrema gravedad del pasado martes de... [Nota: palabra ilegible/cortada] del corriente, en el cual un estudiante amenazó con un arma blanca a un compañero, y trascendió que además se habría provisto de un arma de fuego combatiendo con sus pares, y agrediendo a una familia a la salida del establecimiento.

Este hecho, es un acontecimiento de un impacto emocional y social que ha afectado no solo a la víctima directa y a su familia, sino también al conjunto de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, ya expuestos a una situación de vulnerabilidad física como psicológica cuyas consecuencias se extienden al orden escolar y pedagógico, lo que amerita una intervención inmediata, planificada y sostenida por parte de la institución y de los organismos competentes.

La Ley de Educación Nacional N.º 26.206 establece que el Estado debe garantizar una educación desarrollada en un ámbito de respeto, seguridad y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo relaciones convivenciales armónicas basadas en los valores y la construcción de la ciudadanía democrática.

Asimismo, la Ley N.º 26.061 y Ley Provincial N.º 2302 – Ley Integral de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la vida, a su integridad, al libre y pleno desarrollo integral, a ser protegidos contra toda forma de violencia, y a recibir asistencia cuando sus derechos resulten amenazados o vulnerados. En tal marco normativo, es deber de las instituciones educativas y de los organismos del Estado el deber de adoptar medidas de intervención oportunas y eficaces frente a situaciones que comprometan estos derechos.

En este contexto, consideramos que los derechos que se han visto comprometidos comprenden, entre otros:

·El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

·El derecho a la educación en un ambiente seguro y libre de violencia.

·El derecho a la protección integral frente a situaciones de riesgo.

·El derecho a la salud, incluyendo la prevención y el otorgamiento de asistencia cuando las circunstancias lo requieran.

·El derecho a ser escuchado y a participar en las decisiones que garanticen el bienestar y su seguridad.

Resulta imprescindible considerar que los estudiantes presentes durante el hecho pueden haber experimentado una situación potencialmente traumática, cuyas consecuencias podrían manifestarse mediante estrés, ansiedad, dificultades de aprendizaje, alteraciones en la convivencia escolar, ausentismo u otras afecciones emocionales que ameritan una intervención institucional de contención y acompañamiento.

Por ello, solicitamos respetuosamente que se articulen con carácter prioritario, las medidas institucionales y las gestiones necesarias ante los organismos competentes para garantizar:

·El acompañamiento pedagógico y psicosocial de los estudiantes, docentes y familias que hayan resultado afectados.

·La implementación de dispositivos institucionales de escucha, contención y seguimiento.

·La elaboración de un plan de intervención que contenga acciones de prevención, reparación y fortalecimiento de la convivencia escolar.

·La articulación con los equipos técnicos, organismos de protección de derechos y autoridades educativas competentes.

·La adopción de todas las medidas necesarias para garantizar que el establecimiento continúe siendo un espacio seguro para el desarrollo del proceso educativo.

La ausencia de respuestas institucionales integrales frente a hechos de esta magnitud podría profundizar las consecuencias emocionales y pedagógicas sobre los estudiantes, afectar el ejercicio efectivo de su derecho a la educación y comprometer el deber de protección que las normas nacionales y provinciales imponen a las instituciones educativas y al Estado.

Confiamos en que esa Dirección adoptará las medidas pertinentes con la celeridad que la gravedad del caso exige, priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y el pleno respeto de sus derechos fundamentales".