Organizaciones civiles y científicos preparan un recurso de amparo para declarar la inconstitucionalidad de los cambios promulgados en abril. Advierten que la nueva normativa pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país.

BUENOS AIRES – El conflicto por la protección de los ecosistemas de alta montaña ha escalado a niveles históricos de participación civil. Tras la reciente promulgación de la reforma a la Ley de Glaciares, un frente compuesto por organizaciones ambientales, sectores académicos y la sociedad civil ha logrado reunir más de 900.000 firmas en rechazo a los cambios que, según denuncian, desprotegen las fuentes de agua dulce de Argentina.
El eje de la controversia: Menos protección, más actividad

La reforma, vigente desde el pasado 9 de abril, introdujo cambios estructurales en el régimen de preservación. Los puntos que generan mayor alarma entre los especialistas son:

Redefinición de áreas: Se han modificado los límites de lo que se considera ambiente protegido, lo que técnicamente dejaría desamparados sectores de glaciares y periglaciares que antes eran intocables.

Habilitación de actividades: La nueva normativa abre la puerta al desarrollo de proyectos económicos en zonas que hasta ahora estaban estrictamente restringidas por su fragilidad ecosistémica.

Para las entidades que impulsan el reclamo, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, estas modificaciones representan un retroceso institucional y ambiental que vulnera principios constitucionales.
El camino hacia la judicialización

Con el respaldo de casi un millón de ciudadanos, el colectivo ambientalista ultima los detalles para la presentación de una acción de amparo. El objetivo es que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la reforma, apelando al principio de no regresión ambiental (que impide que las leyes otorguen una protección menor a la ya existente).

Este movimiento judicial se complementa con una fuerte presión en el espacio público, donde se exige la apertura de más audiencias públicas y el acceso transparente a la información técnica que justificó los cambios legislativos.
Un escenario de tensión estratégica

La discusión vuelve a poner en tensión dos modelos: el del desarrollo extractivo de corto plazo y el de la conservación de recursos naturales estratégicos. En un contexto global de cambio climático, los glaciares son considerados por la ciencia como piezas fundamentales para la seguridad hídrica del país.

Mientras la campaña de firmas sigue sumando adhesiones, el caso ingresa ahora en una fase determinante en los tribunales, donde se definirá si el interés económico puede prevalecer sobre la protección de las mayores reservas de agua sólida del territorio nacional.