Familiares, pacientes y prestadores se manifestaron frente al Ministerio de Salud en rechazo al proyecto de ley que busca reestructurar las pensiones y el financiamiento de las prestaciones. Advierten que la nueva normativa elimina beneficios por zona desfavorable y desregula los aranceles de los servicios.
BUENOS AIRES – El sector de la discapacidad volvió a las calles este miércoles en una jornada de protesta marcada por la desesperación de las familias y la incertidumbre de los profesionales. El reclamo central apunta contra el proyecto de ley "Contra el fraude de pensiones por invalidez", enviado por el Ejecutivo al Senado, el cual busca derogar puntos clave de la actual Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793).
Los manifestantes denuncian que, tras haber logrado que el Congreso ratificara la legislación vigente —incluso superando vetos previos—, el Gobierno intenta ahora desarticularla mediante una nueva estructura que reduce la asistencia directa y endurece los controles de acceso.
Los ejes del conflicto: Reempadronamiento y fiscalización
El proyecto oficialista introduce un empadronamiento obligatorio con requisitos estrictos que, de no cumplirse en los plazos estipulados, derivarán en la baja automática del beneficio. Los puntos más polémicos incluyen:
·Cruce de datos: Se faculta al Estado para realizar auditorías cruzadas con ANSES, ARCA y SINTyS, permitiendo la suspensión "preventiva" de pensiones ante casos que el organismo considere dudosos.
·Incompatibilidad laboral: La nueva norma establece que cualquier persona con discapacidad que acceda a un trabajo formal perderá su pensión de forma inmediata, eliminando los incentivos de inclusión laboral que existían previamente.
Impacto en los montos y prestaciones
La reforma propone fijar la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina ítems que los beneficiarios consideran vitales:
·Adiós a la zona desfavorable: Se quita el adicional por residencia en regiones geográficas con mayores costos de vida.
·Actualización de aranceles: Mientras la ley vigente exige aumentos mensuales por IPC, el nuevo esquema propone ajustes trimestrales, lo que —según prestadores y transportistas— hace insostenible la continuidad de los servicios ante la inflación actual.
·Desregulación del Nomenclador: Al autorizar convenios descentralizados con provincias, se teme la virtual desaparición del nomenclador nacional, dejando a cada paciente a merced de la negociación individual con obras sociales y prepagas.
Relatos desde la emergencia
"Las instituciones no pueden seguir cobrando $28.000 por mes; los transportistas ya no pueden llevar a los chicos", denunció Javier Castro, docente y referente en la marcha. Por su parte, familiares presentes en la movilización alertaron que la falta de cumplimiento de la ley actual ya está dejando a miles de menores sin sus terapias esenciales y sin acceso a insumos básicos como pañales.
La batalla ahora se traslada a la Cámara Alta, donde el oficialismo buscará los votos necesarios para aprobar una ley que, según los sectores movilizados, representa un retroceso histórico en materia de derechos humanos y protección social en la Argentina.
