El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) formalizó el llamado a una nueva movilización masiva en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología. La medida, programada para el próximo 12 de mayo, surge como respuesta al persistente incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo nacional, en un escenario donde el desfinanciamiento ya afecta la estabilidad de los cuerpos docentes.
El conflicto legal y los números del ajuste
A pesar de que el Congreso insistió en la ley tras el veto presidencial y de la existencia de dos fallos judiciales que obligan al Gobierno a recomponer los haberes, la normativa sigue sin aplicarse.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el panorama actual es crítico:
·Recorte presupuestario: El presupuesto vigente registra una caída real del 45,6% en comparación con 2023.
·Gastos de funcionamiento: Este rubro sufrió un ajuste del 57,1%, comprometiendo el mantenimiento básico de las facultades.
·Deterioro salarial: Los sueldos del sector cayeron un 43,2%. Mientras la ley estipula una recomposición del 51%, el oficialismo propone un 12,3% en cuotas, cifra que queda por debajo de la inflación acumulada.
La "fuga de cerebros" y la crisis de los docentes
La situación económica ha transformado la realidad de los trabajadores universitarios. Se estima que 7 de cada 10 docentes perciben salarios netos de apenas $250.000, lo que ha derivado en consecuencias directas para la calidad educativa:
·Renuncias masivas: Un 10% de los profesores ya ha abandonado sus cargos por la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas.
·Pluriempleo extremo: Gran parte de los académicos que permanecen en el sistema deben complementar sus ingresos trabajando en plataformas de transporte o delivery para subsistir.
Un escenario con proyecciones negativas
El Gobierno fundamenta el recorte en la falta de recursos específicos para financiar la ley. Sin embargo, desde los sectores universitarios contrastan esta postura con las recientes rebajas impositivas a sectores de altos patrimonios y grandes empresas mineras y petroleras.
De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, si no hay un cambio en la política de financiamiento, la situación se agravará de forma exponencial en el segundo semestre de 2026, poniendo en riesgo el normal inicio del próximo período lectivo. La marcha del 12 de mayo se perfila, así, como la cuarta manifestación multitudinaria de un conflicto que no encuentra cauce institucional.
