Lo que comenzó como un plan para ordenar el tránsito en los cruces semafóricos se ha convertido en un complejo frente judicial para el municipio. El sistema de fotomultas, implementado en noviembre de 2025, enfrenta hoy una ola de cuestionamientos que ponen en duda su validez jurídica debido a la falta de pasos administrativos clave.
El núcleo del conflicto reside en la falta de publicación en el Boletín Oficial de la ordenanza que sustenta el sistema. Sin este requisito fundamental, cualquier sanción emitida carecería de fuerza legal para ser exigida a los ciudadanos.
Un promedio de 200 actas diarias
Desde su puesta en marcha, la efectividad recaudatoria del sistema ha sido drástica. Las estadísticas muestran un volumen de infracciones que ha sorprendido a la propia comunidad:
·Total de actas: Más de 11.000 infracciones procesadas en poco más de tres meses.
·Frecuencia: Un promedio de casi 200 multas por día.
·Impacto económico: Las multas se rigen por el valor del módulo municipal. Cruzar en rojo hoy cuesta $312.000 (200 módulos), mientras que detenerse sobre la senda peatonal alcanza los $156.000 (100 módulos).
El reclamo vecinal: ¿Seguridad o recaudación?
Víctor Olmedo, referente de los conductores afectados, sintetizó el malestar social en diálogo con La Red Neuquén. Para los vecinos, el sistema tiene un fin "meramente recaudatorio" y carece de transparencia sobre el destino de los fondos.
"Una empresa de afuera está recaudando, solo te mandan la fotomulta y tenés que pagar; ni siquiera ofrecen alternativas de pago. Si alguien comete una infracción está bien que sea multado, pero quisiéramos que ese dinero se vea reflejado en los servicios de la ciudad y eso no ocurre", señaló Olmedo.
Definición en el Concejo Deliberante
La presión de los vecinos ha logrado que el tema llegue al recinto legislativo. Se espera que la próxima semana el Concejo Deliberante trate formalmente el pedido de informes para verificar dos puntos críticos:
Si se cumplieron todos los pasos legales para la oficialización de la normativa.
Si el contrato con la empresa tercerizada que opera las cámaras se ajusta a derecho.
Mientras la incertidumbre crece, muchos conductores se encuentran en una encrucijada legal: pagar multas de montos asfixiantes o iniciar procesos de impugnación basados en las fallas de implementación del sistema.
