El secretario general de ATE Neuquén denunció la precarización de 364 trabajadores municipales en Junín de los Andes y criticó el operativo de seguridad: “El desalojo fracasó en términos sociales”, aseguró.
JUNÍN DE LOS ANDES – La tensión tras el desalojo de los manifestantes en la Ruta 40 este lunes, a la altura del puente del río Curruhué, lejos de disiparse, ha escalado al plano político provincial. Carlos Quintriqueo, titular de ATE Neuquén, lanzó duras críticas contra la gestión municipal y exigió la intervención inmediata del Gobierno de la Provincia para resolver un conflicto que calificó como "un problema social".
Desigualdad salarial y precarización
El eje del reclamo se centra en la situación de 364 trabajadores municipales que actualmente perciben un subsidio de $260.000 bajo un programa de empleo transitorio. Según Quintriqueo, este grupo carece de estabilidad laboral y ha quedado relegado frente a los aumentos otorgados a la planta política.
“Si hubo dinero para los sueldos políticos, también debería haberlo para este grupo precarizado”, remarcó el dirigente, haciendo referencia al incremento del 80% que el Concejo Deliberante aprobó en 2025 para funcionarios y el intendente.
Críticas al operativo y el "Protocolo Bullrich"
El desalojo, realizado bajo los lineamientos del protocolo de seguridad nacional, contó con la intervención de fuerzas federales. Desde el gremio denunciaron que hubo manifestantes golpeados y advirtieron que la medida de fuerza, aunque no contaba con amparo gremial formal en su inicio, es el reflejo de una desesperación genuina.
“Todos se conocen en Junín. Este desalojo va a tener consecuencias”, advirtió Quintriqueo, subrayando que el uso de la fuerza no soluciona el problema de fondo en una comunidad pequeña donde el impacto social es directo.
Un llamado a la Casa de Gobierno
Para el líder sindical, la solución no está solo en manos del municipio local. Al tratarse de un programa con financiamiento provincial, Quintriqueo sostiene que el gobernador debe tomar cartas en el asunto.
“La provincia no puede mirar para otro lado. No es solo un reclamo salarial, es un problema social”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que el conflicto se extienda si no se abre una mesa de negociación que contemple la formalización o mejora de los haberes de los trabajadores afectados.
