El Poder Ejecutivo apelará la sentencia que declaró inválido el decreto de suspensión de la norma. El argumento oficial es la falta de fondos: "No tenemos las partidas para poder hacerlo".

El conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el sector de la discapacidad escaló a una nueva instancia. Pese a la orden del Juzgado Federal de Campana de aplicar de manera inmediata la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno se dispone a ignorar el fallo judicial y a presentar una apelación.
Una fuente del Poder Ejecutivo confirmó la postura oficial ante la sentencia del juez Adrián González Charvay: "No tenemos los fondos para hacerlo. Nos encantaría cumplir, pero nos faltan las partidas para poder hacerlo".

Las claves de la sentencia

El fallo del Juzgado Federal de Campana hizo lugar a la acción colectiva impulsada por familiares y asociaciones, declarando la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que había suspendido la ejecución de la ley.

El juez González Charvay subrayó la gravedad de la situación para las personas con discapacidad, en especial para niños y adultos mayores, y citó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado.

En un pasaje central, la sentencia fue categórica al afirmar: “La cláusula del Art. 2 del Decreto 681/2025 resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgación establecido por el Art. 83 de la Constitución Nacional”.

Argumento fiscal desestimado

El Ejecutivo había argumentado que el Congreso no especificó el origen de los fondos para financiar la ley, por lo que no podía ponerla en marcha. Sin embargo, el juez desestimó este argumento fiscal, señalando dos puntos clave:

El propio Congreso había facultado al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la ley.

El Gobierno había realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023.

La sentencia advirtió que la negativa a reasignar las partidas constituía un “uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN”.

La crisis del sector y la respuesta oficial

El reclamo judicial se originó ante una crisis estructural en el sector, donde entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, los aranceles de prestaciones solo aumentaron un 42,6% frente a una inflación acumulada del 114,6%, lo que provocó el cierre de instituciones e interrupción de tratamientos.

Mientras el Gobierno mantiene su negativa a aplicar la ley, busca avanzar en el Congreso con un proyecto que establece que “toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”. Sin embargo, esta norma aún no comenzó a ser tratada en la Cámara de Diputados.