El 3 de marzo de 1.994, Omar Carrasco llegó a Zapala para incorporarse como conscripto al Grupo de Artillería 161 en esa ciudad. Era clase '75 y muy tímido. Desapareció el 6 de marzo y se lo declaró desertor. El cadáver fue hallado en el campo, a 700 metros del edificio principal del cuartel de Zapala en una zona que ya había sido rastrillada. El cuerpo de Omar tenía el torso desnudo y un pantalón varios talles más grande. Su ojo izquierdo, estaba reventado. Junto al cadáver había unos borceguíes, una camisa y un reloj que los padres reconocieron: estaba roto y no indicaba ni hora ni día.
La investigación determinó que Omar fue víctima de prácticas de abuso y humillación frecuentes en el servicio militar. Según la causa, el subteniente Ignacio Canevaro “bailó” a Omar al menos por 20 minutos. Otros dos soldados, Víctor Salazar y Cristian Suárez, le escondieron el lampazo con el que debía limpiar. También, por otros relatos, se reconstruyó que Omar era blanco del acoso de Canevaro. Ellos fueron los últimos que lo vieron con vida.
Después de dos años, Canevaro recibió una condena de 15 años de prisión por homicidio simple, en tanto que Suárez y Salazar fueron sentenciados a 10 años por el mismo delito. Al sargento Carlos Sánchez le impusieron una pena de tres años por encubrimiento. La Cámara de Casación y la Corte Suprema confirmó la sentencia ante sucesivas apelaciones.
(Foto: Sebastiana y Francisco, los padres de Omar)
La declaración del ex capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle en la causa penal fue determinante porque puso al descubierto el encubrimiento institucional por parte del Ejército, especialmente del área de inteligencia militar. Tras brindar testimonio, Correa Belisle sufrió distintas represalias: fue arrestado durante tres meses, se le inició un juicio por irrespetuosidad y finalmente fue expulsado de la fuerza. El CELS lo acompañó en la denuncia ante el poder judicial por aquellas represalias. Las acciones de encubrimiento realizadas por inteligencia del Ejército nunca fueron investigadas en profundidad ni dilucidadas.
Las torturas, el asesinato de Omar y su desaparición forzada fueron derivaciones extremas de prácticas institucionalizadas centradas en el abuso y la humillación como método para “formar” y disciplinar a los jóvenes varones a través del servicio militar obligatorio. El escándalo por su muerte llevó al fin de esa institución militar porque dejó en evidencia que era incompatible con la vida democrática.
La investigación
(Foto: El Tte. Ignacio Canevaro)
Tras todos los testimonios recolectados por la Justicia y por los involucrados, se llegó a la conclusión que el mismo día que Carrasco ingresó al Ejército fue recibido con un fuerte “baile”.
El “baile” era popularmente conocido como una prueba de movimientos físicos extremos en la “colimba”, donde los superiores llegaban hasta golpear a los soldados. Ignacio Canevaro estaba como oficial a cargo esa semana.
En su segundo día, Carrasco debía estar de “imaginaria” (guardia), pero no asistió porque no pudo levantarse de la cama debido a los fuertes dolores que tenía en el cuerpo, ocasionados por el “baile” del día anterior.
Como castigo, al otro día –su tercera jornada en el Ejército–, le ordenaron ocupar el puesto de cuartelero y debía ordenar y limpiar toda la cuadra. Ese fue el último día que se vio con vida a Carrasco. Sus compañeros lo reconocieron cuando se dirigía al baño a la hora de la siesta.
En esa semana, acompañaban al subteniente Canevaro como autoridad máxima, el sargento Carlos Sánchez y los soldados “viejos” Víctor Salazar y Cristian Suárez, que colaboraban con sus superiores.
Condenas
Tras la indignación generalizada en la población por el crimen de Carrasco, el 31 de agosto de 1994 el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, decretó el fin del Servicio Militar Obligatorio.
Años más tarde, el 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a Canevaro a 15 años de prisión por el crimen del soldado; a Salazar y Suárez a 10 años; y a Sánchez a 3 años por encubrimiento. La sentencia fue ratificada por la Cámara de Casación.
El 23 de noviembre de 2000 marcó un hito en el caso Carrasco, cuando Salazar y Suárez fueron concedidos con la libertad condicional, generando controversia y debates sobre el sistema judicial argentino.
El 4 de febrero de 2004, el subteniente Canevaro recobró su libertad, sin que se brindara demasiada información al respecto sobre los motivos que permitían su salida anticipada del penal.
Al año siguiente, el 13 de junio de 2005, se anunció la prescripción de la causa del encubrimiento en relación con el caso. Esa decisión resultó en el sobreseimiento de una decena de altos oficiales, provocando indignación y cuestionamientos sobre la justicia.
El 2 de marzo de 2006, el Consejo de la Magistratura tomó la polémica decisión de suspender al juez Caro y abrir un proceso en su contra. Sin embargo, cuatro meses más tarde, el mismo consejo lo ratificó en su cargo, lo que desató aún más controversia y descontento en la opinión pública.
