Se llevó a cabo una audiencia de hábeas corpus por la situación de sobrepoblación de detenidos en comisarías. Se pidió que "se declare la ilegitimidad de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, que se establezca el cupo legal de cada comisaría y que se solicite al Ministerio de Seguridad que presente en 15 días un plan de remediación". (foto ilustrativa)

En una audiencia de hábeas corpus que comenzó el día miércoles 5 y finalizó el jueves 6 de febrero, el Ministerio Público de la Defensa presentó ante el juez de garantías Juan Manuel Kees un informe basado en el relevamiento que realizó el Comité para la prevención de la tortura en el que se detalla la situación de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en las comisarías de la primera circunscripción (que abarca las localidades de Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario, Añelo y Rincón de los Sauces). (LEG 288012)

El Ministerio Público de la Defensa manifestó que "existe una situación de sobrepoblación, hacinamiento y en muchos casos condiciones degradantes que padecen los detenidos en la comisarías que van en contra de lo que establece la Constitución Nacional, y los tratados internacionales".

Es por eso que solicitó al juez que "se declare la ilegitimidad de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, que se establezca el cupo legal de cada comisaría y que se solicite al Ministerio de Seguridad que presente en 15 días un plan de remediación concreto, que además establezca medidas de seguridad para la prevención de incendios y designar audiencias de control judicial bimestrales para dar cuenta del avance de dicho plan".

Por su parte el Ministerio Público Fiscal expresó que "el problema carcelario se debe a la entrega de la cárcel de Senillosa a Nación, y que las consecuencias de establecer un cupo para las comisarías pone en riesgo la tutela judicial efectiva de las víctimas de delitos, ya que no se puede dispensar una condena de cumplimiento efectivo por falta de plazas en los lugares de detención, por otra parte no se opuso a la solicitud de solicitar al Ministerio de Seguridad un plan de remediación ante esta situación de los detenidos".

El juez resolvió declarar que "las condiciones de encierro que sufren las personas privadas de libertad en comisarías de la primera circunscripción judicial afectan la dignidad, la salud, y el derecho a la educación y al trabajo de los detenidos y constituyen un trato cruel inhumano y degradante, es por eso que ordenó al Ministerio de Seguridad que presente un plan concreto para solucionar la situación de los detenidos en las comisarías y que adecue los sistemas de prevención de incendio en un plazo de 60 días".

Además dispuso que "a partir del día de la fecha se prohiba el ingreso de personas privadas de libertad en carácter permanente a las comisarías no habilitadas para el alojamiento de personas y que actualmente no cuentan con personas detenidas; que a partir del día 4 de marzo del 2025 se prohiba el ingreso de nuevos condenados a las Comisarías de la primera circunscripción, tanto de personas que estuvieron en libertad durante el proceso y fueron condenadas, así como a los condenados que actualmente cumplen pena en unidades carcelarias".

Por último, ordenó al Ministro de Seguridad que "antes del 4 de septiembre de 2025, adopte las medidas necesarias, para reubicar en las unidades de detención a todas las personas condenadas que actualmente cumplen pena en las comisarías de la primera circunscripción de Neuquén".